INE-fobia
La Constitución Política establece que ciudadanos que le hayan perdido la confianza al Presidente, pueden recabar firmas para someter al mandatario a un ejercicio de revocación. No hay tal
La realidad superó a la sátira. Quizá cuando se vuelva anécdota será divertido relatarla, pero hoy genera preocupación por las funestas consecuencias que tendría para la incipiente democracia mexicana el debilitamiento, captura o desaparición del órgano encargado de organizar las elecciones. No persigue otra cosa la emboscada que, desde la cúspide del poder político, se montó contra el Instituto Nacional Electoral.
La Constitución establece que ciudadanos que le hayan perdido la confianza al Presidente, pueden recabar firmas para someter al mandatario a un ejercicio de revocación. No hay tal. Fue el gobierno el que, a través del membrete de una supuesta organización civil, operó el cumplimiento de los requisitos para solicitar la votación porque quien la quiere es Andrés Manuel López Obrador. No estoy revelando nada, la verdad es que no se esforzaron mucho para hacer creíble la simulación.
Recapitulando: el Ejecutivo es el que quiere el proceso de revocación, aunque no haya ciudadanos que lo demanden y sepa de antemano el resultado. Busca presentarlo como un refrendo de su gobierno y usarlo de pretexto para reventar al árbitro electoral y tener uno a modo de cara a la elección presidencial de 2024.
Obliga a llevar a cabo el ejercicio, pero no da los recursos indispensables para organizarlo, con la clara intención de aprovechar la imposibilidad material de su realización, en los términos señalados por la Constitución, para someter a los consejeros al escarnio.
El ariete oficial usado contra el INE es la austeridad, el imperativo del ahorro. Lo más fácil, si de verdad eso importara, sería no hacer la consulta ociosa y que López Obrador termine su periodo por el que fue electo, pues de cualquier manera eso ocurrirá. Si hay necesidad de realizarla es puramente propagandística, decir que el pueblo avaló la gestión del Presidente, pero sirve de pretexto y coartada para descalificar al instituto, presentándolo como oneroso y a sus miembros como privilegiados que derrochan recursos públicos. Lo hace con medias verdades, mentiras completas y calumnias.
Dimensionemos que la Presidencia de la República encabeza una cruzada contra el contrapeso responsable de dar certeza en los mecanismos electivos que definen la distribución del poder político para asumir su control. Eso se parece mucho más al “golpismo” que algunos voceros oficialistas denunciaron porque los padres de niños con cáncer reclamaban las quimios que sus hijos necesitan para sobrevivir.
No es especulación, distintos miembros del partido del gobierno han dicho sin ambages que en la “nueva situación” ya no se necesita un órgano autónomo y la Secretaría de Gobernación podría encargarse de la organización de las elecciones, tal y como sucedía en el viejo régimen. Si no les alcanza para ello, se conformarían con someterlo mediante el nombramiento de incondicionales, como ya sucedió con la CNDH o la CRE. De hecho, el Presidente ya anunció que presentará una iniciativa de reforma constitucional y lo único que ha adelantado es la renovación total del INE, señal de que ésa es su prioridad.
Como el TEPJF estableció que, después de hacer ajustes presupuestales, el instituto debe pedir a la Secretaría de Hacienda los recursos necesarios para llevar a cabo la revocación, el gobierno se adelantó negándolos y expuso una propuesta de austeridad que, además de atentar contra la autonomía, raya en lo ridículo.
Como la cacareada reducción de sueldos de los consejeros no alcanzaría ni de cerca, proponen suprimir derechos laborales de los trabajadores del INE establecidos en su contrato, como el seguro médico, lo cual sería ilegal. Dicen respetar a los sindicalizados, pero no existe sindicato. Hablan de alimentos para mascotas, pero son para los perros entrenados en la detección de explosivos. Piden terminar con arrendamientos, pero son de los locales para entregar credenciales. Es una infame guerra sucia lanzada con desparpajo desde el gobierno. Así de grave.
La INE-fobia inoculada desde el poder político representa el mayor riesgo a las conquistas democráticas logradas por la lucha de generaciones de mexicanos contra el autoritarismo. Más nos valdría defender a tan valiosa institución.
