Enigmas de la militarización

La contradicción no podría ser más evidente. Por una parte, el presidente López Obrador se niega a revisar su estrategia de “abrazos, no balazos” y, por la otra, plantea hacer permanente el control militar sobre la Guardia Nacional. En el gobierno coexisten dos posiciones extremas que apuntan a direcciones opuestas.

En la conferencia mañanera se escucha con frecuencia la prédica que justifica la inacción del Estado contra el crimen organizado: “La violencia no se enfrenta con violencia porque eso sería combatir al mal con el mal”. Pero también la convicción de que sólo las Fuerzas Armadas pueden contenerlas, razón por la cual el mandatario concluye que la Sedena debe hacerse cargo del cuerpo policiaco de la Federación.

Así que, por un lado, eluden confrontar a los grupos más violentos, pues alegan que eso traería como consecuencia “la repetición de masacres como las que ocurrían en gobiernos anteriores” y, por el otro, insisten en encargar la seguridad pública a las fuerzas más letales del Estado, ya no como una medida transitoria, sino pretendiendo que se vuelva definitiva.

En realidad, lo que se está discutiendo con la iniciativa presidencial es la formalización de la descrita esquizofrenia oficial. En los hechos, la Guardia Nacional es una institución militar desde que se creó y su adscripción a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana es una simulación que no engaña a nadie. Casi el 80% de sus miembros son militares, lo mismo que su formación y sus mandos.

Lo que el Presidente plantea es modificar unilateralmente la reforma constitucional que consensuó con la oposición en 2019 y que nunca respetó: primero nombrando a un militar en retiro como su titular y luego emitiendo un decreto para disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en lo que resta del sexenio. Las acciones y controversias por tales decisiones contrarias a la Constitución están empolvadas en algún cajón de la SCJN.

Por eso es que el argumento del Ejecutivo, tratando de utilizar la estridente violencia incendiaria de la semana pasada para apurar la aprobación de su reforma, no se sostiene. Si eso sucediera, las cosas seguirían tal y como hoy están, sin ningún cambio, eternizando el fracaso porque sólo se quiere hacer de jure lo que ya es de facto.

Discrepo de los analistas que ven a López Obrador como continuador del militarismo de Felipe Calderón y de Peña Nieto. La estrategia y los propósitos son muy distintos, aunque los resultados sean similares. En los dos anteriores sexenios se echó mano de las Fuerzas Armadas para enfrentar el crimen organizado, mientras que en el actual se le rehúye, porque la estrategia se basa en “combatir las causas”, identificadas por el actual gobernante cuando era candidato como falta de crecimiento económico, pobreza y falta de oportunidades para los jóvenes. Malas noticias porque en los tres indicadores se ha retrocedido en esta administración, lo cual explica también el pronunciado aumento de la migración de connacionales hacia Estados Unidos.

El salto cualitativo de la militarización actual tiene que ver con el régimen político que se busca instaurar, por eso, a diferencia de sus predecesores, el Presidente no admite acotarla temporal ni operacionalmente. Por ello también le ha dado al Ejército y a la Marina cantidad de tareas y responsabilidades civiles que los empodera como no se veía desde 1946. Para tener a la oposición marginada y condenada a ser testimonial, quiere a los militares como pilar de la gobernabilidad del país, aunque eso sea incompatible con la democracia.

Frente a la violencia desbordada, lo correcto sería convocar a la unidad nacional para enfrentarla como un urgente problema de Estado. Pero el enemigo del gobierno es la oposición, no los criminales, y la polarización es estrategia de campaña. La población paga las consecuencias porque no hay quien defienda sus vidas ni su patrimonio y debe coexistir con el miedo.

Lo expresó claramente la alcaldesa de Morena en Tijuana, Montserrat Caballero, al pedirle a los criminales que se metan sólo con los que no les pagan derecho de piso. El Estado se rinde ante ellos porque lo único que les importa es conservar el poder.