Elección de Estado

No es revelación, sino constatación; se hace a la luz del día y a la vista de todos. Las leyes para garantizar piso parejo en los comicios son violadas sistemática e impunemente por el Presidente y demás gobernantes de su partido. Los intentos de las autoridades electorales para hacer respetar la normatividad han sido ignorados, con todo y decenas de resoluciones. No importa cuántas veces les llamen la atención, les impongan medidas cautelares y fallen en su contra, después de bajar viejas publicaciones que ya causaron daño, insisten en las mismas prácticas, exhibiendo la debilidad de un árbitro impotente frente al poder político que lo desafía.

La campaña del oficialismo se hace desde la mañanera y Claudia Sheinbaum navega en espacios controlados para no exponerse ni salirse del guion, replicando los dichos presidenciales. Además, el Ejecutivo anunció la presentación de iniciativas constitucionales para establecer los temas de la agenda durante el proceso electoral y promover el llamado “plan C”, pues dirá que se necesita mayoría calificada para hacerlas realidad.

Por si eso fuera poco, los medios operados por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano son repetidoras acríticas de la propaganda gubernamental que se cocina desde la Presidencia y su sesgo contra la oposición recuerda las épocas más oscuras del viejo régimen. Si el manejo editorial es groseramente tendencioso, la cobertura igual: el monitoreo del INE atestiguó que los medios públicos dedicaron 71% del tiempo dado a las precampañas para cubrir a Sheinbaum.

No se trata sólo del desacato al principio de neutralidad y la desviación de recursos públicos en el ámbito de la comunicación a favor del oficialismo. Tan o más grave es el manejo proselitista de los programas sociales. La desinformación, alertando a los beneficiarios con la mentira de que perderían sus apoyos si gana la oposición, es sólo una cara de la moneda; la otra es la operación que hacen más de 20 mil servidores de la nación que actúan como misioneros del Presidente para adoctrinar y coaccionar el voto. Han tenido el descaro de registrarlos como representantes de casilla.

No podía faltar el uso político de la justicia. Lo hemos visto durante todo el sexenio con los fiscales carnales, así como con la UIF y el SAT, y es previsible que adquieran protagonismo en las próximas semanas, tanto a nivel federal como local. Si la FGR hizo un papelón con las inverosímiles acusaciones de Emilio Lozoya, mismas que se han ido cayendo, en entidades como Veracruz y CDMX ha sido grotesca la persecución contra opositores. Que hayan sacado fast track un título de abogado del Centro Universitario Cúspide para dejar al frente de la Fiscalía capitalina a Ulises Lara, militante de Morena sin experiencia ni méritos para el encargo, adelanta las intenciones punitivas del régimen de cara a las elecciones.

También la negligencia incide en las votaciones. No actuar contra el crimen organizado que controla amplias zonas del país es una forma de permitir que la violencia defina la boleta y operen electoralmente, como ya lo hicieron en 2021. Sustituir en regiones peligrosas la estructura del INE con la de las Fuerzas Armadas afectaría la confiabilidad de los resultados.

La abierta parcialidad del gobierno federal se replica en las 22 entidades y más de 500 municipios en los que gobierna el nuevo partido de Estado. Las autoridades electorales debieran poner orden y cuidar la equidad, pero la actual composición ha limado sus dientes y la exigua mayoría del incompleto TEPJF otorgó a la presidenta del INE la facultad de nombrar unilateralmente a quienes serán los responsables de las áreas durante la elección. Parece broma que, en los informes del órgano de fiscalización, la precandidata opositora aparezca con un gasto mayor que la oficialista, cuando el despilfarro de ésta ha sido notorio.

Por fortuna y a pesar de inequidades, los ciudadanos definiremos la contienda. Enfrentar una elección de Estado es exigencia mayor. Debe demandarse a las instituciones cumplir sus responsabilidades y a todos respetar la ley, empezando por los servidores públicos. No está de más recordar que la democracia se juega en la elección.