El sexenio más violento
Aunque la Constitución establece que la Guardia Nacional debe ser civil y así lo ratificó la Corte, el gobierno federal aplicó la máxima colonial de “acátese, pero no se cumpla”
Era cuestión de tiempo. La necedad pesó más que la evidencia o las prioridades del gobierno son distintas a la de la población que vive con miedo, no obstante que la primera obligación del Estado es proporcionar seguridad. Se ha insistido en una estrategia fallida que mantiene a la violencia en sus niveles máximos sin menguar la fuerza de los criminales, cuyo control territorial se extiende cobijado por la impunidad. En tan solo cuatro años y medio de la presente administración, se rebasó el récord de homicidios dolosos en todo un sexenio.
Los 156 mil 136 asesinatos acumulados en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador provienen de información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dato espeluznante que incluso pudiera ser mayor, pues organizaciones civiles serias, como Causa en Común, han mostrado evidencia sobre presunto maquillaje de cifras por parte de fiscalías estatales que, en los hechos, cambiaron criterios para clasificar crímenes, entre ellos éste y el de “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”, el cual se disparó. Pero, en cualquier caso, el desastre es inocultable.
El compromiso de reducir la violencia a la mitad en los primeros tres años de gestión parece broma de mal gusto. No sólo son los homicidios, desde fines del año pasado las desapariciones rebasaron a las ocurridas en gobiernos anteriores. La inmensa mayoría de delitos no se denuncia, algo que ciertamente viene de atrás, pero la extensión del crimen organizado por la inacción de las fuerzas de seguridad ha escalado la extorsión y el cobro de derecho de piso.
Quizá el Presidente cree de verdad en sus frases, no obstante su simplicidad, y pensó que si el problema se originó porque Felipe Calderón “le pegó un garrotazo al avispero”, dejar a las avispas en paz reduciría la violencia. Trágica ingenuidad que no sólo resultó permisiva para los grupos criminales en su despiadada guerra, sino también desprotegió a comunidades enteras, abandonando a su suerte a los pacíficos. La propaganda mañanera puede atenuar la percepción de inseguridad en algunos sectores, pero no reduce la zozobra que sufren en amplias zonas del país.
Que madres buscadoras sean asesinadas por buscar a sus hijos y cuando han sido secuestradas, tengan que pedir clemencia a los cárteles, pues no cuentan con las autoridades, es expresión elocuente del desolador y descarnado panorama, lo mismo que el desplazamiento forzoso de decenas de familias que abandonan sus hogares, huyendo de la violencia en sus comunidades sin que el Estado mexicano haga algo para atenderlos, no digamos para brindarles la protección en sus lugares de origen, que les permita regresar, tal y como lo estamos viendo en Chiapas.
La militarización de la seguridad pública, no obstante su incapacidad para reducir la violencia, ya ni siquiera se plantea como un asunto transitorio, sino estructural. Aunque la Constitución establece que la Guardia Nacional debe ser civil y así lo ratificó la Corte, el gobierno federal aplicó la máxima colonial de “acátese, pero no se cumpla”. Eso parece confirmar que el protagonismo, empoderamiento y diversificación de labores de la Fuerzas Armadas tiene más que ver con la intención de hacerlas pilar del régimen de hegemonía del nuevo partido oficial que con el combate a los cárteles que, dicho sea de paso, operan cada vez con mayor descaro en las elecciones.
La prioridad del Ejecutivo es confrontar a la oposición, a la prensa libre y a toda institución que no controle. No lo esconde, es el corazón de su estrategia de comunicación, misma que replica el sistema de radiodifusión del Estado mexicano, así como medios afines y voceros en redes sociales. Pretende ocultar el socavamiento creciente de la democracia con la satanización de sus críticos, a los cuales trata con rudeza desmedida; muy diferente a la benevolencia con la que se refiere a criminales, así sean sanguinarios, sosteniendo la hipótesis no demostrada que sus “conductas antisociales” son resultado de la pobreza. Pero hoy México tiene más pobres que cuando asumió el poder. Su fracaso en materia de seguridad es esférico... por donde se le mire.
