El poder sectario

No hay visión de Estado ni para organizar la fiesta nacional. Aunque la Constitución establece División de Poderes sin jerarquizar a uno sobre los demás, el Ejecutivo decidió no convocar al Legislativo ni al Judicial a la tradicional y popular celebración del Grito de ...

No hay visión de Estado ni para organizar la fiesta nacional. Aunque la Constitución establece División de Poderes sin jerarquizar a uno sobre los demás, el Ejecutivo decidió no convocar al Legislativo ni al Judicial a la tradicional y popular celebración del Grito de Independencia en el Zócalo de la CDMX. La omisión es grave, pero no tanto como la razón aducida por el Presidente para justificarla: son del dominio público las diferencias que tiene con quien encabeza la SCJN.

Es un hecho inédito que tres mujeres estén presidiendo al mismo tiempo dos de los Poderes de la Unión, pero ninguna fue invitada. Ya vimos que a Norma Piña se le excluyó por ejercer la independencia judicial, lo cual, por cierto, es su obligación constitucional. Es verdad que la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, es del partido oficial, pero en la Cámara de Diputados lo es la opositora Marcela Guerra, con quien el gobernante también tiene públicas diferencias, así que, para no hacer más oprobiosa la exclusión sectaria, dejaron fuera a las dos.

Se rompió una larga tradición de cordial convivencia en los balcones de Palacio Nacional, donde la pluralidad era aceptada y bien recibida. La civilidad democrática dejó su lugar a la arbitrariedad autoritaria y la relación institucional sólo se da en buenos términos cuando hay subordinación.

La depuración ideológica de la ceremonia festiva también se dio en la plancha. Con vallas partidizaron la parte frontal al balcón presidencial, zona a la que sólo se podía ingresar con un brazalete que dirigentes y líderes obradoristas de distintos estados del país repartieron a los contingentes que movilizaron al Centro Histórico de la capital. No sólo garantizaron homogeneidad oficialista entre los invitados, también los aplausos y porras de los asistentes que podían ser escuchados por ellos y por el que realiza la tradicional arenga que emula a la que cuentan dio el cura Miguel Hidalgo.

El Grito faccioso de 2023 no se queda en anécdota. Es expresión y síntoma de un régimen que regresó a la simbiosis entre partido, gobierno y Estado, pero sin cuidar las formas. Es la visión patrimonialista del poder político que busca establecer la hegemonía excluyente de un grupo para concentrarlo en una persona, extenderlo a todos los ámbitos y mantenerlo indefinidamente. La democracia no es valor del régimen, sino obstáculo al propósito. Por eso no es casual que populismos autoritarios y francas dictaduras hayan predominado en las delegaciones que participaron en el desfile.

México condenó la invasión a Ucrania en el Consejo de Seguridad, pero al parecer fue más por la ascendencia de Estados Unidos que por convicción. El año pasado el Ejecutivo hizo una ingenua propuesta de paz que llevó a la ONU, la cual era inadmisible para el país invadido porque el invasor se mantendría en los territorios ocupados durante la tregua de cinco años. Ahora marchó en el Zócalo una representación del ejército ruso, no obstante las violaciones al derecho internacional, la condena vigente que avalamos como nación y los crímenes de guerra jurídicamente acreditados. Nuevamente, el capricho se impuso a la razón de Estado.

Sin embargo, como ya se dijo, el problema rebasa al estilo personal de gobernar. Se quiere imponer un pensamiento único, asediando a los espacios de autonomía e independencia estatales para someterlos y descalificando moralmente cualquier atisbo de disidencia. Por eso, el verdadero enemigo de lo que desde el poder llaman “transformación” es el pluralismo.

Dirán que sí hay ejemplos de colaboración y entendimiento entre el gobierno federal con algunos gobernadores de partidos opositores, pero ese fenómeno se ha dado cuando estos se doblan ante el poder presidencial y contribuyen al fortalecimiento de la hegemonía del nuevo partido de Estado, es decir, cuando entregan sus entidades, operando electoralmente a favor de la alternancia, sea a cambio de un cargo o de impunidad. El sometimiento es la única llave para la inclusión.

El punto de quiebre será 2024. Ahí estará en juego un dilema fundamental de larga duración: corregimos por el camino de la democracia pluralista e inclusiva o se consolida el populismo autoritario y excluyente.

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