El engaño
La notoria disociación entre la preguntaque se pretende realizar en la encuesta ciudadana y la propaganda le da realcea la contradicción, aunque no estamosante un hecho excepcional. Es un patrón que se repite en cada tema.
Ni el intento hicieron por disimular. La propaganda no sólo es engañosa, es cínicamente mentirosa. No hay tal consulta para juzgar expresidentes, la SCJN trituró la Constitución para darle gusto al titular del Ejecutivo, pero tuvo que rehacer la pregunta hasta convertirla en intrascendente para salvaguardar derechos procesales.
Sin embargo, el mandatario y sus voceros no se dan por enterados e insisten en poner en la picota a los gobiernos anteriores como estrategia de comunicación para condenar al pasado y, con ello, responsabilizarlos del desastre del presente, eludir la rendición de cuentas por sus malos resultados y seguir haciendo campaña de cara al proceso de refrendo del mandato que pretenden realizar el próximo año.
En la boleta se preguntará si la fiscalía debe investigar presuntos delitos vinculados a decisiones políticas de años anteriores para brindar justicia a las víctimas. Nadie podría oponerse, pues hacerlo corresponde a sus obligaciones constitucionales. Eso explica que la corte haya establecido que la consulta no será estrictamente vinculante, pues en la hipótesis de que gane la negativa no se puede eximir de sus responsabilidades al fiscal. En síntesis, se ausculta a los ciudadanos si las autoridades deben hacer su chamba. Así de absurda es la consulta.
Sabemos de antemano el resultado y el número de participantes estará en función de los que pueda movilizar el oficialismo y los llamados servidores de la nación, pero eso es lo de menos. Si algo valora el gobierno de López Obrador, por encima de todas las cosas, es la propaganda, la cual tiene poco que ver con la realidad y mucho con la narrativa mesiánica y maniquea que identifica, por una parte, al gobernante con el pueblo y la virtud y, por la otra, a la oposición con la corrupción y los privilegios.
Ya es una constante ver instituciones del Estado al servicio de la lucha política facciosa del Presidente, pero lo que llama la atención en este caso es que desde instancias oficiales, comenzando por las conferencias en Palacio Nacional, se promueva una consulta diferente a la acordada por la SCJN y organizada por el INE. Es manipulación cínica de la opinión pública por quienes tienen la obligación de informar. La verdad oficial es hoy pura ideología, mensaje propagandístico para adoctrinar a la población de manera tan descarada que parece surgida de una distopía de George Orwell.
La notoria disociación entre pregunta y propaganda le da realce a la contradicción, aunque no estamos ante un hecho excepcional. Es un patrón que se repite en cada tema. El Presidente insiste en que la corrupción ya “se acabó arriba”, sin más prueba que un pañuelito blanco que saca del pantalón para agitar en señal de triunfo, mientras todos sus incentivos se han fortalecido: hay mayor discrecionalidad, más opacidad y los organismos que deben prevenir, investigar y sancionar están cooptados políticamente. No es casual que en esta administración se hayan roto los récords de adjudicaciones directas, tanto en el número como en el monto de los contratos. Esto es el paraíso de los moches.
Lo que hay es persecución de opositores y el uso del fisco y la procuración de justicia para doblar medios, empresarios, jueces, etc., pero sigue predominando la impunidad para los actuales funcionarios y criaturas del régimen. Ni los escándalos de corrupción revelados por la prensa, bueno, ni el derrumbe fatal de la vía elevada del Metro en la Línea 12 han generado el mínimo ejercicio de rendición de cuentas. La jactanciosa cruzada ética de López Obrador es de pura saliva, pero sirve para estigmatizar a sus adversarios y tratar de ocultar las pretensiones hegemonistas y autoritarias detrás de la autoproclamada superioridad moral.
Tan esperado como el resultado de la consulta es que el fiscal lo interprete como se lo indique el Presidente, aunque la participación quede muy lejos de 40% que se requiere para tener efectos vinculantes. Quizá abra expedientes sobre Vicente Fox, Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón para seguir alimentando la campaña de propaganda, pero, de cualquier forma, se agitarán los muertos que este gobierno tiene en el clóset. Tlahuelilpan, Ovidio y Línea 12… por ejemplo.
