El declive
Cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvieron la osadía de cambiar a su presidente sin consultarle al titular del Ejecutivo. Decía Alejandro Gómez Arias que para que la autonomía exista debe ejercerse y eso hicieron.
El poder no se circunscribe al cargo. Andrés Manuel López Obrador ejerció sus facultades metaconstitucionales desde antes de asumir la Presidencia. Cuando decidió abandonar la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco apenas estaba en el proceso de transición y, aunque ya hubiera estado en funciones, de cualquier manera la cancelación habría sido ilegal, pues no es facultad del Ejecutivo desconocer unilateralmente contratos firmados. Pero lo hizo porque podía; porque sus órdenes no fueron resistidas por los afectados más notables, sea por interés, precaución o temor.
¿Quién le iba a decir “no” al candidato electo con 30 millones de votos, empezando por Enrique Peña Nieto, quien se esmeró en darle todas las facilidades desde el primer momento? Sin embargo, así como entonces parecía poderlo todo sin ser aún presidente, ahora que lo es y nos acercamos a la mitad de su sexenio están emergiendo mayores límites a su voluntad.
Ya no sólo la realidad se rebela a sus deseos. Cada vez más personas e instituciones optan por cumplir sus responsabilidades al amparo de la ley, en lugar de doblegarse ante caprichos, ocurrencias y dogmas de la propaganda oficial que hasta hace poco parecían incontenibles. El desgaste por el ejercicio del poder, acelerado por la polarización, la falta de resultados, la visualización del fin de su mandato a la que él contribuyó por adelantar la sucesión y la reciente confirmación de que su partido puede ser derrotado en 2024 han mejorado las perspectivas de no someterse al presidencialismo omnímodo y autoritario.
Al alejarse el riesgo de reformas constitucionales impuestas unilateralmente, se dio respiro a órganos autónomos que ya no tendrán la espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas; pero el debilitamiento del Ejecutivo no responde sólo a la dificultad de seguir usando al Congreso como ariete para disciplinar disidencias, sino también al declive de un gobierno que no puede subsanar las enormes esperanzas frustradas con pura palabrería. Repartir culpas y victimizarse es una receta que, de tanto aplicarse, ha perdido efectividad.
El desaire a la consulta promovida desde Palacio Nacional muestra debilitamiento del control ideológico sobre la base social del oficialismo. Ya no le compran todo al Presidente ni se desbordan en el respaldo a sus iniciativas como lo hacían antes. Cierto que muchos de sus adeptos desengañados no miran todavía hacia una oposición que sigue en crisis y tiene déficit de figuras que despunten, pero es innegable la pérdida de entusiasmo por la cacareada transformación que les está quedando a deber. Muchos están peor que como estaban durante los gobiernos anteriores.
López Obrador apostó fuerte a la prolongación del mandato de Arturo Zaldívar al frente de la SCJN, posibilidad que acaba de quedar enterrada en un acto de congruencia del propio ministro y es de esperarse el rechazo unánime en el pleno al infausto transitorio. El Ejecutivo ha reiterado que la reforma y el combate a la corrupción en el Poder Judicial dependían de la continuidad en dicho cargo. Ahora tendrá que coexistir los últimos dos años de su gobierno con un presidente de la Corte distinto al de su agrado.
Por si eso fuera poco, cinco magistrados del TEPJF tuvieron la osadía de cambiar a su presidente sin consultarle. Decía Alejandro Gómez Arias que para que la autonomía exista debe ejercerse y eso hicieron. Como respuesta inmediata obtuvieron la descalificación del magistrado elegido como sustituto en el cargo, Reyes Rodríguez, mediante la difusión de un tuit a todas luces falso en la mañanera, el cual fue profusamente difundido por el aparato oficial de propaganda en redes sociales. Pero la infamia resultó contraproducente por insostenible y, aunque todavía demanda la renuncia de todos, el mandatario tuvo que aceptar que actuaron con base en sus atribuciones, a lo que ayudó la intervención oportuna de Zaldívar.
Además, el Inegi y el Coneval tiraron por la borda sus otros datos. Hoy sabemos que la pobreza y la pobreza extrema crecieron, que la desaparición del Seguro Popular fue desastrosa y que las transferencias de los programas sociales no llegan a quienes más lo necesitan. El ocaso se ve en el horizonte.
