El colmo

Lo inaudito se volvió cotidiano. De los límites que ellos mismos establecieron para marcar la frontera con los satanizados gobiernos anteriores, no queda ninguno y, al traspasarlos, han llegado a grados insospechados. Es como si hubiera vuelto a gobernar el viejo PRI del siglo pasado, pero sin inhibiciones. Creen que con decretar su superioridad moral y recurrir a teorías de la conspiración, tienen coartada para hacer lo que les venga en gana, hasta ocultar con pretextos absurdos el tercer informe de la investigación independiente sobre la tragedia en la Línea 12 del Metro. 

No es cualquier cosa lo ocurrido. El sistema de transporte público más utilizado en el país colapsó, causando la muerte de 26 personas, lesionando a más de 100 y dejando a millones sin ese medio para trasladarse, aumentando riesgos, gastos y tiempos que ocupan para llegar a su destino. A un año de distancia no hay un solo detenido y el dictamen que serviría para saber qué ocurrió y deslindar responsabilidades fue descartado sin darse a conocer porque no le gustó el resultado a la jefa de Gobierno. 

De no creerse. Lo de menos es que la empresa noruega DNV haya sido designada discrecionalmente por la propia Claudia Sheinbaum, quien se descosió en elogios a la misma el día que anunció la contratación; lo verdaderamente grave es que la autoridad la deseche sin más argumento que un complot imaginario, obstruyendo la acción de la justicia y negando el derecho ciudadano a conocer el dictamen pagado con recursos públicos. 

 Para que no se revele el informe, Sheinbaum anuncia una demanda civil contra la empresa y amenaza con llevarla al plano penal si ésta lo difunde. Va a argumentar que el asunto está en litigio y que su publicidad afectaría las diligencias, pero la Constitución establece que en casos relevantes, donde los derechos humanos estén comprometidos, debe prevalecer la transparencia por interés público. 

 No obstante, negarán el documento a los particulares que lo soliciten y las instituciones encargadas de tutelar el derecho a la información serán puestas a prueba ante la presión del poder político, pero el caso va a ser tan emblemático que se matarían como autoridad en la materia si avalan la opacidad. Y quizá llegue a instancias jurisdiccionales si, en el terreno de lo insólito que estamos viviendo, el gobierno capitalino se niega a cumplir los resolutivos del InfoDF o el Inai. 

 Con independencia de como se resuelva, el ocultamiento en sí es confesión de culpabilidad, máxime cuando ya están circulando versiones filtradas en medio de la lucha intestina por la sucesión. No se pueden negar los problemas y deficiencias en la construcción, documentados desde la suspensión del servicio en 2014, pero la gobernante capitalina no está dispuesta a aceptar responsabilidad alguna por la falta de mantenimiento, aunque las reducciones en el presupuesto y la degradación constante del servicio lo confirman. Si las fallas estructurales pudieron ser detectadas y atendidas, las administraciones son corresponsables. 

 El trágico derrumbe puede decidir el destape del candidato oficial, pero ahora no sólo afecta a uno de los tapados/corcholatas, sino a los dos estelares. Las prisas de Marcelo Ebrard por terminarla antes de acabar su periodo marcaron el accidentado derrotero de la Línea 12 y la negligencia del gobierno actual se constata en cada estación. 

Pero no hay que descartar que el presidente López Obrador se decante por alguno de ellos, a pesar de su vulnerabilidad. Si algo hemos visto es el desprecio del Presidente por la rendición de cuentas y el juicio de la opinión pública, como si quisiera dejar en claro que su voluntad no se deja condicionar ni por la realidad. 

Fue la soberbia lo que definió su derrota en 2006. No sería el primero en tropezar dos veces con la misma piedra, es más, resulta imposible no verla en sus decisiones torales. 

Eso explica el desparpajo con el que pasa sobre la división de poderes, así como la falta de pulcritud y hasta el cinismo con el que ignora las más elementales formas, viola leyes y manipula instituciones. Él y su partido actúan como si nunca fueran a perder el poder. Pero ahí los ciudadanos tendrán la última palabra, al menos en 2024.