El candidato

Por primera vez en 36 años no estará en la boleta electoral, pero insiste en ser el protagonista de la contienda. En 1988 y 1994 compitió para gobernador de Tabasco, en 2000 para jefe de Gobierno y en 2006, 2012 y 2018 para presidente, consiguiéndolo en su tercer intento. Como es sabido no hay reelección, pero eligió a la que quiere como sucesora mediante dedazo mal disimulado y la tiene nadando de muertito, porque insiste en que la elección se trate de él.

El Presidente quiere controlar la conversación pública durante las campañas, sólo así se explica que estén reviviendo el caso Colosio treinta años después, reciclando la teoría del segundo tirador con la humorística adición de Genaro García Luna en la presunta conspiración del magnicidio. No es gratuito que Luis Donaldo Colosio Riojas haya pedido indultar a Mario Aburto y así cerrar la herida. Tiene razón, cada que hay elecciones remueven el asunto y, como bien apuntó, si López Obrador no quisiera politizarlo no lo llevaría a la mañanera.

Sin embargo, ese vistoso fuego de artificio no le sirve para poner sobre la mesa los temas programáticos con la perspectiva que a él le interesa. Para eso recurre a su facultad de presentar iniciativas, proponiendo más de una decena de cambios constitucionales de muy variados tópicos. Sabe que no tiene la mayoría calificada para garantizar su aprobación, pero en cualquier caso le sirven como banderas políticas que de facto serán electorales.

Es previsible que no todas las reformas correrán la misma suerte y algunas podrían ser aprobadas porque se analizarán con los ojos de la rentabilidad electoral y, además, se mantiene la vieja tradición de legislar la utopía y establecer buenos deseos en la Constitución, así como reiterar de otra manera derechos ya reconocidos para pararse el cuello. Algunas de ellas merecen mayor análisis, pero en esta ocasión me voy a centrar en las que son intransitables para la oposición.

El Ejecutivo insiste en la militarización de la Guardia Nacional, a pesar del rotundo fracaso en materia de seguridad. Pero sabemos bien que la propaganda del oficialismo no se compadece de la evidencia y dirán que cumplir el mandato de volverla civil favorecería a los delincuentes, aunque a la luz del inusitado poder que hoy tiene el crimen organizado al amparo de la actual estrategia de “abrazos, no balazos” parezca una broma de mal gusto. La popularidad de las Fuerzas Armadas sigue siendo muy alta y a ella se van a aferrar, recurriendo a sus “otros datos” para sostener que hay mejoría. Para su desgracia, en contra de ellos juega la terca realidad que se desparrama por todos lados.

Mientras Claudia Sheinbaum repite el mantra de que ellos representan el futuro, el restaurado hiperpresidencialismo autoritario que la encumbró quiere regresar la Constitución al texto de Adolfo López Mateos de 1960 en materia eléctrica, medio siglo antes de que se planteara la transición energética. Insisten en dar preferencia a la electricidad generada por la CFE, así sea sucia y mas cara. De cualquier manera y no obstante el absurdo, recurrirán al más rancio y ramplón nacionalismo para promover el retroceso.

La parte estelar de la batalla será la que atañe a los órganos autónomos y al Poder Judicial. Ahí está la pretensión populista de destruir la democracia en nombre de la democracia, el llamado plan C: control de los procesos electorales desde el gobierno, desaparecer los contrapesos y acabar con la división de Poderes. Usando al pueblo de coartada, buscan imponer a los suyos al frente del INE y de la Corte en elecciones de Estado para que una misma voluntad lo domine todo y así evitar que las minorías puedan, eventualmente, dejar de serlo.

Nada de autonomías o espacios de neutralidad, las instituciones son el botín que reparte el líder máximo para perpetuarse en el poder, usándolas a su favor. Eso significa echar abajo las conquistas democráticas y cerrar la ruta del cambio incluyente y pluralista. Detener esa intentona autoritaria necesita de los ciudadanos, no sólo en las urnas, también en las calles. De ahí la gran importancia de la Marcha Nacional por Nuestra Democracia del 18 de febrero que, en la CDMX, será concentración en el Zócalo.