El asesinato de Aristóteles

La respuesta se quedó corta y eso es tan preocupante e inadmisible como el hecho mismo. El atentado contra el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, pone a prueba al Estado mexicano, pues la afrenta es contra éste y las consecuencias de no actuar con la fuerza y la eficacia que exige la situación serían profundas, duraderas e ignominiosas.

El hecho rebasa a Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro y el fiscal del estado respondieron rápido, le dieron la importancia debida y rindieron homenaje al victimado; todo eso está bien, pero es insuficiente porque el acontecimiento en sí, los autores y la amenaza que representan sobrepasan a las fuerzas locales e involucran a toda la República. ¿Qué gobernante se va a enfrentar al crimen organizado si éste los puede matar en cuanto dejen el cargo?

Enfrentar a la delincuencia organizada corresponde a la Federación. Se habla de tres decenas de participantes, hicieron que los empleados del restaurante limpiaran la escena del crimen y hasta se llevaron las cámaras. Ese nivel de logística muestra el poder de los perpetradores. Pero la intervención federal no sólo es obligada por un tecnicismo de ley o porque la fuerza que enfrentan es propia de bandas transnacionales con presencia en buena parte del territorio nacional, sino por el nivel de la respuesta que amerita el asesinato de un exgobernador. Es como si la investigación por el homicidio de Luis Donaldo Colosio la hubiera hecho la entonces procuraduría de Baja California.

Hemos visto al crimen rebasar líneas rojas hasta desaparecerlas. En México se asesina a policías, jueces, funcionarios, legisladores, periodistas y alcaldes con impunidad. Eso, además de exhibir la debilidad del Estado, empodera a los criminales porque les permite someter a quienes encabezan e integran las instituciones, así como a quienes las fiscalizan desde la sociedad, a través del miedo. ¿Ahora será lo mismo con quienes encabezan los gobiernos estatales?

Si se quiere detener el tránsito hacia el Estado fallido hay que recuperar los límites perdidos con todos los recursos a la mano, pues eso debe ser prioridad de cualquier proyecto nacional si quiere tener viabilidad. Es decepcionante que, ante el magnicidio del exgobernador de Jalisco, la Federación deje toda la responsabilidad de esclarecer los hechos al estado, como si el desafío planteado por el grupo criminal se circunscribiera a lo local.

El tema es la falta de visión de Estado. En medio de las crisis sanitaria, económica y de seguridad, el titular del Ejecutivo privilegia la lucha político-electoral con la oposición. El presidente López Obrador se lava las manos como si no tuviera la responsabilidad de combatir al crimen organizado y, peor aún, como si el atentado no fuera una amenaza a la gobernabilidad del país. ¿O ya tiró la toalla y asume la imposibilidad de contar con un Estado de derecho que evite, entre otras cosas, que las autoridades sean rehenes de la delincuencia?

El propio Presidente estableció la Guardia Nacional y violó la Constitución al militarizarla para hacer las veces de la Policía Federal. ¿Acaso no es su función hacer frente al grupo delincuencial que actuó en un importante centro vacacional con la prepotencia propia de quienes se saben dueños de la plaza?

Los estadistas no se dan en maceta, pero hay decisiones de un gobernante que en ningún caso pueden estar condicionadas a facciosos cálculos electorales, como, por ejemplo, las que tienen que ver con la seguridad de las personas. Y para ello es fundamental que quienes enfrentan a los criminales estén protegidos durante y después de su encargo. Sólo desde la demagogia más irresponsable se le puede llamar a eso “privilegio”.

El mensaje del atentado en Puerto Vallarta es que nadie está a salvo. Se da cuando ya inició el proceso electoral. Muchos candidatos se van a sentir vulnerables ante las amenazas de los delincuentes porque, además, la costumbre es responsabilizar a las víctimas de su desgracia para quitar presión a las autoridades. Sin pruebas, inoculan y dejan correr la idea de que se lo merecían porque “estaban coludidas”. Con ello dan excusa a la impunidad y ayudan a los asesinos. Las cosas como son.