El asedio a la Corte

La respuesta no sólo es desmesurada, raya en el golpismo. Se entiende que a nadie le gusta perder un juicio, pero es inadmisible que la molestia lleve a la remoción del juez, pues eso avala la coacción más grosera y perniciosa contra los juzgadores: me das la razón o te vas. La amenaza es contra la Suprema Corte y proviene del titular del Ejecutivo, un atentado frontal a la división de poderes y al orden constitucional del país.

El Presidente no enarbola razones jurídicas para refutar las decisiones de la Corte que le molestan, descalifica moralmente a los ministros que sostienen criterios distintos a sus deseos, adjudicándoles supuestas motivaciones ilegítimas para promover su escarnio. Ahora va más allá al plantear la desaparición de la SCJN para sustituirla por ministros electos mediante voto universal, buscando así sacudir el último límite efectivo que queda frente a las arbitrariedades del poder.

La invalidación de la primera parte del llamado plan B por obviar todos los procedimientos legislativos y negar a las minorías el derecho a una deliberación democrática, al grado de que los diputados no habían leído siquiera lo que aprobaron, descolocó a López Obrador. Pero era de esperarse la sentencia porque por menos que eso la Corte ha echado abajo otras legislaciones y los ministros actuales anularon las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, aduciendo el mismo motivo, apenas en agosto del año pasado. En esa ocasión no hubo queja por parte del mandatario, pues legisladores de Morena suscribieron la acción de inconstitucionalidad que dio pie a la invalidez, la cual fue interpuesta en 2017.

Estamos frente a una de las campañas más sucias de que se tenga memoria. En Palacio Nacional recurren a francas mentiras para satanizar a un poder independiente, usando recursos públicos y medios de difusión del Estado. Sin ningún rubor se asegura que la Corte impidió reducir “salarios exorbitantes”, siendo que ningún artículo de cualquiera de las dos partes del plan B menciona siquiera el tema. Eso no obstó para que la falsedad haya sido replicada por los canales de televisión del Sistema Mexicano de Radiodifusión.

Con enfoque amarillista, datos distorsionados y manipulando indebidamente la información, el gobierno federal usó sus canales oficiales para exhibir sesgadamente las condiciones laborales de los ministros que, por cierto, son públicas. Se puede discutir si son excesivas y debieran revisarse, pero se han mantenido los cuatro años y medio de la presente administración y sólo hasta que resuelven contrariando los intereses del Presidente, a éste le parecen inadmisibles.

Mientras Arturo Zaldívar encabezó al máximo tribunal, López Obrador pudo no sólo contemporizar con los “privilegios” que hoy denuncia, sino hasta hizo suya la reforma al Poder Judicial que elaboró el entonces ministro presidente, enviándola como iniciativa propia, asegurando que acabaría con vicios y excesos. Pero ya cambió de opinión, además de promover el infame linchamiento misógino contra Norma Piña, asegura que dicho poder es incorregible y debe ser demolido para instaurar otro que sí “sirva al pueblo”, es decir, que le sirva a él. No le preocupan los altos sueldos, ése es el pretexto, busca desparecer a la Corte como represalia por su independencia.

Salta a la vista la hipocresía del Ejecutivo, cuyos privilegios son mucho mayores que los de los otros poderes. No sólo habita en un palacio virreinal, con el costo que eso implica, maneja con enorme discrecionalidad el presupuesto y ha repartido la inmensa mayoría de los contratos sin licitación. Los recursos materiales y humanos a su servicio son ingentes. Pero más grave que eso es la intención de eliminar contrapesos.

Doblar o apoderarse de la Corte es la llave para eludir la Constitución. Y si la ley deja de ser dique de la voluntad del gobernante y éste no tiene más límite que su autocontención, entonces rige el despotismo. Por eso, el Presidente, al hacer campaña para tener la mayoría calificada que convierta a la SCJN en instrumento de los intereses políticos dominantes, no sólo violó por enésima vez la legislación electoral, sino que estableció los términos de la contienda en 2024: democracia o dictadura.