El árbitro

La credibilidad de la competencia depende, en buena medida, de la honestidad, profesionalismo e imparcialidad del arbitraje. Ahí está una de las mayores ventajas comparativas del proceso opositor respecto al de las corcholatas. Gracias a ello, quien resulte elegido o ...

La credibilidad de la competencia depende, en buena medida, de la honestidad, profesionalismo e imparcialidad del arbitraje. Ahí está una de las mayores ventajas comparativas del proceso opositor respecto al de las corcholatas. Gracias a ello, quien resulte elegido o elegida como líder del Frente Amplio por México gozará de legitimidad democrática, pues el cumplimiento escrupuloso de las reglas es lo que garantiza equidad y pulcritud del ejercicio.

El árbitro no está para quedar bien con los contendientes, ni con el sector de la tribuna que cada uno de ellos representa. Su papel es que predomine la legalidad, aunque eso lastime intereses o frustre expectativas. Por eso no extraña que reciba ataques y descalificaciones de quienes son afectados por sus decisiones, basadas en las normas acordadas. Pero gracias a ese actuar firme y congruente de la Comisión Organizadora, lejos de debilitarse por las críticas parciales recibidas, se ha fortalecido al acreditar su autonomía y entereza, resistiendo presiones políticas.

Fue un gran acierto que en ese órgano colegiado se estableciera con mayoría ciudadana, integrada por expertos electorales de incuestionable autoridad moral. La participación honoraria de las exconsejeras Alejandra Latapí, María Teresa González Luna y Patricia McCarthy, de los exconsejeros Rodrigo Morales, Arturo Sánchez y Marco Baños, así como del exdirector del Registro Federal de Electores, Juan Manuel Herrero, ha sido fundamental para dar certeza y confianza al mecanismo inédito que involucra a los ciudadanos en la organización, acompañamiento y definición de quien encabezará a la oposición en 2024.

Es reveladora la forma en cómo resolvieron el dilema que se les presentó con las firmas requeridas para pasar a la segunda etapa. Se estableció un mínimo de 150 mil, con al menos mil en 17 entidades y un tope en la contabilidad de 20 mil por estado. En un primer momento, siete aspirantes parecían haber llegado a la meta, pero, después de depurar el padrón con los mecanismos de seguridad de la plataforma, sólo cuatro cumplieron los requisitos.

La Comisión Organizadora pudo haber dejado pasar a los que quedaron cerca, en el entendido de que, tan sólo una semana después, la encuesta establecida para definir a tres finalistas los sacaría de cualquier manera, según se podía adelantar con base en las distintas mediciones conocidas. Sin embargo, optaron por aplicar la estricta legalidad, aunque uno de los partidos se quedara sin ser representado en el primer debate entre contendientes, lo cual, como era de esperarse, generó un conflicto político.

Algunos de quienes respaldan a los que se inconformaron sostienen en corto que hubiera sido mejor que los comisionados actuaran con laxitud, en aras de la pluralidad, para evitar la confrontación pública. Me permito discrepar. Falta lo más delicado del proceso y ha quedado claro, hacia dentro y hacia fuera, que se tiene un árbitro al que no le tiembla la mano para hacer cumplir las reglas, marcar las faltas y sacar las tarjetas. La decisión fue difícil y polémica, pero los fortaleció como órgano antes de la gran definición que, para ser aceptada por todos, deben tomarla los ciudadanos de manera ejemplar, sin dados cargados, sin trampas y sin vicios.

En todo procedimiento democrático caben las quejas y controversias, mismas que deben procesarse con transparencia. Es comprensible la molestia de quienes se creían dentro y les informaron que no lo estaban con la premura propia de un procedimiento innovador y no institucionalizado que se ido construyendo con participación ciudadana. Pero una vez dada la audiencia con evidencia sobre la mesa, lo que corresponde es poner por delante el interés superior del país y cerrar filas. Ya hay claras señales que eso sucederá con el PRD y sus liderazgos.

Es brutal el contraste con el soporífero recorrido de las corcholatas en busca del dedazo anhelado. La explícita intención presidencial de descalificar el proceso opositor debe prender las alarmas, máxime porque no lo ha conseguido. El 3 de septiembre los ciudadanos serán consultados y el oficialismo pudiera tratar de manchar la jornada. Por eso, la mejor noticia es que hay árbitro probo y confiable.

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