El año que nos espera
Se hará campaña con citatorios, trascendidos y, no lo descarten, órdenes de aprehensión, teniendo como telónde fondo la consulta que formalmentees para indagar delitos del pasado.
El proyecto es el poder y mucho de éste se juega en 2021. No es la batalla decisiva, pero sí será determinante. Tan lo sabe el Ejecutivo que nada lo ha apartado del camino trazado, ni siquiera el inédito escenario de la pandemia con sus ingentes consecuencias en todos los órdenes. ¿Para qué atender la crisis cuando la prioridad son las elecciones? O, mejor aún, ¿cómo sacar provecho electoral de las calamidades para que caigan como anillo al dedo?
Si no se entienden las estrategias para enfrentar los problemas, y menos aún la incapacidad para rectificar, siendo que han resultado a ojos vistas contraproducentes, es porque el foco del gobierno no está en resolverlos, sino en establecer un régimen político basado en la hegemonía estructural de los nuevos empoderados. Primero buscan derrotar a los adversarios y marginarlos hasta quitarles la oportunidad de disputar la conducción del país y luego, sin una oposición que los amenace en las urnas, verán cómo afrontar los distintos temas de la agenda.
Cuando se analizan las políticas públicas a la luz de ese propósito adquieren sentido. Buena parte del Estado mexicano se ha puesto al servicio de la campaña del partido en el gobierno y los malos resultados en los diversos indicadores son el acicate para atravesar límites sin cuidar las formas.
No es sólo la comunicación presidencial de cada mañana cumpliendo funciones de ariete electoral, no obstante la prohibición expresa del artículo 134 de la Constitución mexicana, el presupuesto de egresos aprobado es groseramente electoral cuando la situación económica requería uno muy distinto. Se trata de asegurar el timón, aun a costa de hundir el barco.
El gasto social no está dirigido a los más lastimados por la crisis actual, sino a los programas clientelares con transferencias de dinero en efectivo que se manejan en la opacidad y sin reglas de operación, mientras el gasto en salud, educación, ciencia, cultura y ecología sigue siendo castigado.
Jamás se había establecido una operación de Estado tan amplia y descarada para la compra del voto como la del año que comienza.
Delfina Gómez llegó a la Secretaría de Educación Pública no por ser una luz intelectual del firmamento, ni por enarbolar una agenda educativa hasta hoy desconocida, sino por su cercanía con el sindicato que ha demostrado, en distintos momentos, su eficacia en la operación electoral. No fue casual que fuera apoyada en su campaña a gobernadora en Edomex por el grupo de Elba Esther Gordillo, ni que el partido paraestatal que dirige el yerno de ésta saliera en su defensa.
La alianza opositora generó competencia electoral y los peores estragos de la mala gestión de la pandemia y la crisis económica están por venir, además de que la violencia e inseguridad se mantienen en niveles históricos. Para reducir el voto de castigo a la actual administración, ésta apuesta por la propaganda. Con ella tratarán de dirigir la indignación a quienes gobernaron antes con el uso de la procuración de justicia. Harán campaña con citatorios, trascendidos y, no lo descarten, órdenes de aprehensión, teniendo como telón de fondo la consulta que formalmente es para indagar delitos del pasado —se preguntará si las autoridades deben cumplir o no con su función—, pero el oficialismo la promueve como la puerta para juzgar a los expresidentes.
Todo ello con la idea de identificar a la corrupción con la oposición, no obstante que no hay avances en la materia durante el presente gobierno. Al contrario, se entregan hoy más contratos sin licitar, se niega más información pública, el Sistema Nacional Anticorrupción está congelado e incluso el Presidente ha deslizado la idea de desaparecer al Inai. Pero que la narrativa sea cínica no significa que sea ineficaz.
También recurrirán al patriotismo por los decretados 700 años de la fundación de Tenochtitlán, 500 de su caída y 200 de la consumación de la Independencia. López Obrador echará toda la carne al asador, ya quemó sus naves y actúa como si nunca fuera a rendir cuentas. No se ve fuera del poder y sabe que para garantizar su permanencia necesita arrasar en la elección. Así operaría sin contrapesos la sucesión presidencial que, en esas condiciones, podría volverse reelección o maximato.
