¿Dónde estaban?

No hay debate posible cuando el detractor es descalificado de antemano. Tampoco puede haber diálogo si al interlocutor se le niega legitimidad para plantear sus puntos de vista. Peor aún si el escarnio es la respuesta automática a la crítica y no se diga cuando tales actitudes de intolerancia provienen del gobierno.

El resultado es una discusión pública degradada en la que se intimida la libre expresión de las ideas y las ofensas toman el lugar de los argumentos. De esa lamentable cotidianidad no se salva nadie, como lo acabamos de constatar con las respuestas del presidente y la Semarnat al video de reconocidos artistas que alertan sobre los daños ecológicos que la construcción del Tren Maya está ocasionando en la Península de Yucatán.

En lugar de datos, conocimientos técnicos y evidencia, lo que vimos de parte de las autoridades ante la legítima preocupación por el futuro de un hábitat de enorme biodiversidad y acuíferos subterráneos con secretos milenarios fue la acostumbrada agresión conspiranoica. Cuestionar la ruta de un tramo de la obra fue suficiente para ser tachados de enemigos corrompidos por intereses oscuros que se oponen a la supuesta transformación que se está llevando a cabo y quieren sabotear a quien asegura representar al pueblo.

Como bien sabemos, las pruebas de los dichos salen sobrando. Basta y sobra la acusación desde el púlpito mañanero para desencadenar el linchamiento contra los que osaron llamar a rectificar o, al menos, abrir un espacio de reflexión con estudios y opiniones expertas para evitar consecuencias irreparables en lo que tardó cientos de siglos en formarse.

El asunto no es menor y merecería una discusión seria, pero desde el poder se cultiva el credo de la infalibilidad de la voluntad presidencial. Por eso desde el Ejecutivo los contrapesos son combatidos, las leyes ignoradas, los órganos autónomos sometidos u hostigados y los críticos anatemizados.

Para los inquisidores del régimen nadie tiene las credenciales para discrepar del mandatario. Por eso preguntan retóricamente dónde estaban los que osan cuestionarlo cuando, según su narrativa, estaban dando una batalla heroica contra la depredación y el saqueo cometidos por los gobiernos anteriores. Que muchos de los miembros del “movimiento” hayan pertenecido a los partidos satanizados, incluso en años recientes, es algo que no parece importar porque, así como condenan con prejuicios, absuelven y redimen a sus conversos de un plumazo. El propio Andrés Manuel López Obrador todavía pertenecía al PRI cuando la caída del sistema que protagonizó Manuel Bartlett en 1988.

En suma, a nadie le reconocen autoridad moral para que sus opiniones sean tomadas en cuenta si difieren de las del presidente, no se diga si las objeciones se refieren a las obras insignia de la actual administración. El problema es que éstas se decidieron caprichosamente, recurriendo a la improvisación, de tal manera que los cuestionamientos, lejos de ser producto de un sabotaje a la gestión de López Obrador -como los quieren presentar- están basados en estudios que debieron realizarse antes de que se tomaran las decisiones.

Eugenio Derbez, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade y otros hicieron un respetuoso llamado para que la ciencia resuelva el diferendo en un diálogo constructivo con ambientalistas. Es penoso que el gobierno lo haya tomado como agresión y en su airada respuesta no ofrecieran ninguna garantía de que no habrá graves afectaciones ecológicas con la construcción del tren más allá de las palabras que, como bien sabemos, se las lleva el viento.

Con el AIFA en Santa Lucía las consecuencias han sido y serán económicas. La refinería de Dos Bocas también es una mala inversión y no fue buena idea acabar con un manglar para construirla. Pero en ningún caso se comparan aquellos daños con los que puede ocasionar el Tren Maya en un ecosistema tan particular y prodigioso porque no habría remedio posible.

La promesa de plantar árboles en otro lado, así se cumpliera, no mitiga los riesgos y la opacidad de la obra alimenta la desconfianza. ¿Dónde están los estudios de impacto ambiental? ¿Qué espera el gobierno para presentarlos? Por ahí debemos comenzar.