Dictadura o democracia

Los temores se confirman, las dudas de los escépticos han quedado despejadas. Ya nadie puede sostener que sólo se trata de un estilo personal autoritario de gobernar, las intenciones son claras y las líneas rojas rebasadas. El Presidente reacciona mal a cualquier resolución adversa, pero plantear como represalia desaparecer la SCJN para sustituir a los actuales ministros con personas elegidas por el voto popular, ligadas a grupos de interés y gobernantes que financien sus campañas y pongan a su disposición clientelas electorales de los programas sociales, es más que un berrinche y muestra de manera cruda el deseo de someter el Poder Judicial al Ejecutivo.

Horas después de conocerse el fallo que declaró inconstitucional el decretazo que ocultaba los contratos de las megaobras y negaba a los ciudadanos el derecho a reclamar por afectaciones, el mandatario emitió otro que establece lo mismo. Quizá técnicamente no se trate de un desacato, porque la Presidencia todavía no había sido notificada de la resolución, pero se hizo notoria la grosera maniobra para incumplir una resolución del máximo tribunal. Es decir, optó por ignorar con chicanadas al colegiado que tiene la última palabra legal en lo que logra controlarlo.

Las razones ideológicas no eximen a nadie de la obligación de obedecer mandatos judiciales. Y ésa no es la única arbitrariedad de extrema gravedad que atestiguamos en los últimos días. La ocupación nocturna de instalaciones y vías férreas de una compañía privada con militares armados en una expropiación que no se atreve a decir su nombre, respuesta extrema a una oferta que le pareció elevada al Presidente, es un ominoso mensaje para empresas nacionales y extranjeras. ¿Para qué negociar si lo podemos arreglar madrugándolos con indefinidas “ocupaciones temporales” a punta de rifles de asalto?

Los caprichos presidenciales fueron elevados a asuntos de seguridad nacional para no rendir cuentas, imponerse sobre derechos de personas y comunidades, pasar por alto requisitos y obligaciones y arrodillar a inversionistas, cuyos intereses se crucen con los suyos, sin importar requerimientos y sentencias de jueces y tribunales. De ese tamaño es el despotismo que estamos atestiguando.

No se trata sólo de las licencias de cuestionable legalidad que se autootorga López Obrador por la desesperación de terminar a tiempo sus obras insignia en el sureste ni del desplante de autoridad del gobierno federal ante un poderoso grupo empresarial. La restauración autoritaria es un proceso en marcha que abarca muy diversos frentes y que está acercándose peligrosamente a un punto sin retorno.

Recursos e instituciones públicas se utilizan desvergonzadamente con fines electorales a favor del nuevo partido oficial, comenzando por las conferencias mañaneras donde se sataniza lo mismo a periodistas que a opositores con infamias y calumnias, y continuando con el uso faccioso del SAT, UIF y FGR para alinear e intimidar a actores políticos y económicos.

Si bien se está preservando al INE como instancia que organiza elecciones creíbles y confiables, gracias a la irrupción ciudadana que consiguió el restablecimiento de la alianza opositora que evitó la reforma a la Constitución, así como a la independencia de la Corte, que seguramente invalidará también la segunda parte del bodrio conocido como plan B, su papel de árbitro se ha debilitado con la nueva integración. Frente a la grosera propaganda electoral lanzada por Palacio Nacional, optaron por cambiar el criterio, rehusándose a acordar medidas cautelares que prevengan su repetición.

Mientras el poder político se encuentre concentrado en las mismas manos será cuestión de tiempo para que esa institución sea capturada por completo, la Corte sometida y el Inai desaparecido definitivamente. Las urnas definirán su suerte y la de la República. La continuidad significaría mantener el camino de la Presidencia omnipotente que, por lo mismo, se llama dictadura. La alternancia, en cambio, es la única posibilidad que le queda a la democracia para resistir y renovarse. Los ciudadanos del Estado de México y Coahuila podrán incidir en la trascendente definición el próximo 4 de junio. A votar se ha dicho.