“Destazar al INE”

La frase es precisa. Con sus correligionarios, el secretario tuvo un ataque de franqueza y no pudo expresar mejor el objetivo de los cambios a las leyes electorales. Por eso resulta afortunado que Lorenzo Córdova hiciera públicas las palabras que Adán Augusto López dirigiera a los senadores de su partido en la apresurada aprobación del plan B, perniciosa revancha por el rechazo a la contrarreforma constitucional.

Es fácil constatar en lo aprobado el destazamiento del INE que el funcionario adelantó, pero no lo es tanto hallarle lógica y sentido. ¿Por qué el Ejecutivo quiere poner en riesgo las elecciones presidenciales? ¿Por qué el responsable de la gobernabilidad del país promueve tan pernicioso elemento de desestabilización? ¿Por qué creerán que les conviene que se pierda la certeza electoral? ¿Por qué crear un problema de alta explosividad donde no lo había? ¿Por qué apostar por el caos, estando en el poder?

No es sólo la imposición unilateral de nuevas reglas del juego por parte de una mayoría que sólo es tal por la sobrerrepresentación permitida de 8% y que legisló para su faccioso beneficio, violando con descaro la Constitución y sin cuidar los procedimientos parlamentarios. El golpe a la estructura del INE y sus capacidades operativas es brutal, desde el cuidado del padrón y la emisión de credenciales de elector hasta la transportación segura de la papelería electoral y la transmisión de resultados, pasando por la ubicación de casillas, la selección y capacitación de sus funcionarios, la supervisión del cumplimiento de la ley, la fiscalización en campo y el procesamiento de impugnaciones.

84% de los trabajadores del Servicio Profesional Electoral sería despedido, y las tareas y los tiempos se compactan, de tal suerte que serían sustituidos por personas sin experiencia, quienes tendrían mayores responsabilidades que atender en plazos más cortos, no habría manera de garantizar su imparcialidad y se estrenarían en las elecciones concurrentes de 2024, cuya complicación salta a la vista por la cantidad de cargos en disputa y la intensa polarización. La improvisación en condiciones de precariedad y las ventajas indebidas por la participación abierta de servidores públicos en las campañas, presagian conflictos a nivel federal, estatal y municipal.

De aplicarse tamaño despropósito, iríamos hacia una crisis inducida desde Palacio Nacional. Pero es muy pretencioso que el gobierno piense que podría controlar las fuerzas que se desaten antes, durante y después de los comicios por la incertidumbre, la desconfianza, la inequidad y el previsible retorno de trampas que pensábamos superadas a lo largo del territorio nacional, con todo y la militarización politizada de la seguridad pública.

Quizá quieran tener abierta la ruta de la anulación del proceso si los resultados son desfavorables a la corcholata destapada o hacerse de facto del control de las elecciones para dar un paso decisivo en el propósito de convertir la hegemonía política que obtuvieron en 2018 en hegemonía estructural de largo aliento a través del nuevo partido de Estado y comicios simulados a su medida, lo cual sería jugar con fuego en una gasolinera.

La SCJN tiene en sus manos evitar la facinerosa degradación democrática y sus impredecibles consecuencias. Lo único que tiene que hacer es cumplir con su obligación de hacer prevalecer la Carta Magna y evitar, mediante suspensión, que haya daños irreversibles al sistema electoral en lo que resuelven el fondo. Claro, se dice fácil, pero las presiones serán enormes.

El propio López Obrador ha pedido públicamente a los ministros que él propuso servir a la “transformación”, señalando que sólo necesita esos cuatro votos para evitar que declaren inconstitucional el plan B. Pero los integrantes de la Corte no pueden optar por un proyecto político u otro. Deberán definirse y tomar partido, pero por la Constitución… y sólo por ella.

Lo que está en juego es el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes y representantes. Por eso no extraña que, tal y como lo hicieron en la Marcha Rosa, se estén citando en el Zócalo el 26 de febrero para recordarle al máximo tribunal que en este tema no se pueden equivocar.