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Delfina y la impunidad

Fernando Belaunzarán

Fernando Belaunzarán

 

Confunden impunidad con inocencia. Las sentencias no dejan lugar a dudas, los delitos son verdad jurídica. El hecho de que quienes los cometieron estén sin castigo no atenúa la falta, al contrario, la agrava por negligencia y/o complicidad de las autoridades encargadas de deslindar las responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes o bien, encauzar las cosas al ámbito penal.

El INE y el TEPJF ya realizaron gran parte del trabajo de investigación, lo que ha quedado pendiente es que otras instituciones, a quien se les dio vista, como SFP, FGR y fiscalías electoral y anticorrupción cumplan con su obligación legal.

En dos juicios electorales ha quedado establecida la responsabilidad de Delfina Gómez. La Sala Especializada determinó que, como superdelegada en el Estado de México, hizo propaganda personalizada del presidente López Obrador en la entrega de programas sociales e incumplió las medidas cautelares establecidas por la autoridad. Tal sentencia quedó firme al ser rechazada su impugnación por extemporánea en la Sala Superior.

El otro litigio fue presentado antes, pero se resolvió después. Cuando era alcaldesa de Texcoco retuvo el 10% del salario de 550 trabajadores del cabildo y del DIF municipal durante 30 meses. Fueron expedidos cheques por más de 13 millones de pesos bajo el concepto de “Apoyo al Grupo de Acción Política”, organización a la que pertenece la propia alcaldesa, así como los expresidentes municipales Higinio Martínez y Horacio Duarte, entonces secretario del Ayuntamiento, la cual se incorporó a Morena desde su fundación.

Un total de 79 cheques que sumaban 11 millones 741 mil pesos fueron girados a nombre de María Victoria Anaya, colaboradora de Delfina en su administración y luego coordinadora de giras de su campaña a gobernadora. Como fueron cobrados en efectivo no pudo rastrearse su destino y, por lo mismo, tampoco acreditarse que hayan sido usados en dicho proceso electoral y así quedó consignado en la sentencia. De ahí se agarran algunos voceros del régimen para desinformar, asegurando que la todavía secretaria de Educación fue exonerada, lo que es falso.

Se les pasó leer la parte en que quedó acreditado que cheques por 2 millones 264 mil pesos se entregaron a proveedores de Morena para pagar adeudos, delito electoral tipificado en la legislación. Por eso es que el Tribunal Electoral le impuso a ese partido una multa de 4 millones y medio de pesos. Es más que probable que el resto del dinero haya ido a parar, de una u otra manera, a dicho instituto político, cuya presidencia nacional estaba a cargo Andrés Manuel López Obrador, pues eso fue lo que la propia Delfina confesó en conocido programa de radio.

En cualquier caso, Morena pretende postular como candidata a gobernadora del Estado de México a una delincuente electoral reincidente e impune. Que no le echen la culpa a la supuesta encuesta, fue decisión exclusiva del dedo destapador de Palacio. Si llama la atención es porque se trata de una propuesta endeble y vulnerable.

No sólo por los múltiples escándalos de corrupción —también está acreditado que contrataron empresas fantasma en aquella campaña contra Alfredo del Mazo— quedó lejos de dar el ancho como titular de la SEP y carece de tablas para el debate político. Cierto que eso fue una virtud hace seis años, pero lo que entonces parecía la ingenua frescura de una mujer de pueblo subida a la ola obradorista, hoy se mira como las preocupantes limitaciones de una servidora pública mediocre, de pésimos resultados, incondicional del Presidente y con cola que le pisen.

Pero, por lo mismo, la operación electoral del régimen en el Edomex será brutal. Hemos visto en distintas ocasiones la capacidad que tienen de movilizar clientelas a las urnas, usando recursos ilimitados. Para competir con ello es indispensable la alianza de la oposición a Morena, sabiendo que tratarán de reventarla desde la Presidencia; los amagos judiciales contra Enrique Peña Nieto responden a esa intención. Ir separados sería entregar la plaza.

La negociación se complica al encarecerse los cargos en disputa y este año sólo serán dos gubernaturas. Para sortear el acertijo se necesitará avanzar en los acuerdos del 2024.

 

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