Ayotzinapa y la sucesión

El poder se acaba… y el atole también. La cuenta regresiva de la actual administración se acerca al final y, a estas alturas, las promesas del gobernante ofenden más de lo que entusiasman, sobre todo si son recicladas. Ya perdimos la cuenta de cuántas veces se ha ...

El poder se acaba… y el atole también. La cuenta regresiva de la actual administración se acerca al final y, a estas alturas, las promesas del gobernante ofenden más de lo que entusiasman, sobre todo si son recicladas. Ya perdimos la cuenta de cuántas veces se ha comprometido en establecer un sistema de salud como el de Dinamarca, e incluso mejor, y sin embargo sigue el desabasto de medicamentos, el retroceso en la vacunación infantil, hospitales rebasados y deteriorados, además de 50 millones de mexicanos sin atención médica. Llega un momento en el que ya no se puede patear el bote y hay que rendir cuentas.

Lejos de la paz prometida, este sexenio ha sido el más violento de la historia y las organizaciones criminales se expandieron, diversificaron, empoderaron y enriquecieron como nunca. Sin embargo, en estos tiempos de posverdad, el oficialismo cree que con propaganda y maquillar cifras para presumir “otros datos”, reclasificando homicidios para elevar los de causa indeterminada y desapareciendo desaparecidos, alcanza para reivindicar la continuidad a pesar del evidente fracaso.

Así podríamos seguir tema por tema, la mayoría de los 100 compromisos de la candidata oficial son los mismos o muy parecidos a los que hiciera el actual Presidente, no obstante que éste asegura haber cumplido casi todos. De hecho, sólo reconoce como faltante uno. Puso por escrito que encontraría a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y traería verdad y justicia a sus padres. Eso ya no ocurrió y suena a burla que Claudia Sheinbaum se comprometa a seguir las investigaciones, siendo que avala el galimatías actual y la descarada manipulación política de la justicia.

La verdad histórica resultó muy parecida a la verdad obradorista: policías municipales entregaron a los estudiantes a un cártel que los asesinó y desapareció sus cuerpos bajo la mirada indolente y/o cómplice de la zona militar de Iguala. Ambas versiones buscaron llegar a conclusiones aceptables para las víctimas sin confrontarse con el Ejército. Si hay una diferencia cualitativa es en las actuaciones judiciales. Mientras en la anterior administración detuvieron a perpetradores confesos del crimen, en ésta fueron liberados y, en su lugar, encarcelaron a quien los detuvo.

El Presidente confirmó hace unos días en la mañanera lo expresado por el exfiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. En un desayuno, el mandatario afirma que persuadió al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y al entonces presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, a proceder contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, quien se encuentra encarcelado desde hace año y medio. La cándida confesión es muy grave y debiera tener consecuencias, entre ellas la libertad de un preso político, pero detengámonos en el reproche presidencial: ¿por qué no le agradecen si encerró al creador de la defenestrada verdad histórica sin detenerse en minucias como el debido proceso?

Lo expresó con claridad mientras se enteraba de que habían estrellado una camioneta de CFE en una puerta de Palacio Nacional: Murillo Karam está en prisión y hay militares detenidos, ¿qué más quieren los padres? Es lo más que se puede, considera, ante la imposibilidad de dar con el paradero de los normalistas a una década de los hechos y el prioritario cuidado del Ejército, la institución en la que más se ha apoyado durante su administración. No es lo que prometió, pero que se conformen con la narrativa martirológica que reivindica a sus hijos y que, de paso, reitera el parteaguas con el “pasado neoliberal”.

Ya quedó claro que los padres no aceptaron ser usados y desechados e insisten en que se cumpla la palabra empeñada. No es culpa del senador Emilio Álvarez Icaza, ni de la CIDH, ni del Centro Prodh, nadie los está manipulando y tienen el apoyo de la comunidad de Ayotzinapa. Descalificarlos por conspiraciones imaginarias sólo aumenta el encono y el injustificable asesinato de un estudiante a manos de la policía estatal ya escaló el conflicto en pleno proceso electoral. El portazo será sólo el prolegómeno y al oficialismo ya no le van a creer. El régimen ya está en la cruda, tras la borrachera de promesas que no pudo cumplir.

Temas: