AMLO y el Ejército

Es fácil detectar la continuidad. No lo es tanto la ruptura y menos aún explicarla porque, a pesar de que se implementa a la vista de todos, se niega el fenómeno como política de Estado. La militarización del país ha sido creciente desde el gobierno de Felipe Calderón, quien tuvo alrededor de 52 mil 500 efectivos fuera de los cuarteles. Enrique Peña Nieto lo hizo con 55 mil y Andrés Manuel López Obrador tiene desplegados 63 mil, sin contar los 30 mil asignados a la Guardia Nacional.

El aumento de miembros de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública no ha reducido la violencia. De mantenerse la tendencia, 2019 será el año con más homicidios en lo que va del siglo. Y los horrores de la “guerra” no dejan de repetirse, hechos sanguinarios de crueldad extrema en una espiral que parece no tener fin.

Con tales expresiones de poderío criminal es natural que creciera el sentimiento de zozobra en la sociedad y resultara sencillo y popular seguir echando mano del Ejército y la Marina para enfrentar a grupos con alto poder de fuego, en el entendido de que ninguna otra corporación tiene la capacidad de hacerlo.

Durante más de una década se argumentó que eran despliegues temporales en lo que desarticulaban a las bandas más peligrosas y se profesionalizaba y fortalecía a las policías civiles, pero ninguna de las dos cosas ocurrió y la estrategia de emergencia se volvió permanente, pese a los malos resultados.

Si en los anteriores sexenios se buscó darle base legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en un esquema de temporalidad y territorialidad acotadas, resistidas con fundamento por la sociedad civil porque ésta veía con claridad los incentivos para hacer de la excepción, normalidad, con el nuevo gobierno pasó a otro nivel, pues estableció la militarización estructural de la seguridad pública, aunque en el texto constitucional haya quedado como reducto civil tras una hipotética transición de cinco años en la Guardia Nacional, concesión de letra muerta hecha a la oposición para lograr las dos terceras partes en el Senado de la República.

Sin embargo, dicho escalamiento es engañoso. Calderón y Peña Nieto usaron a soldados y marinos para combatir al crimen organizado; en cambio, López Obrador se empeña en decir que busca “la paz”, aunque esté militarizando al país como no se veía desde la década de los 40 del siglo pasado.

Ha dicho que no va a perseguir a los grandes capos del narco y que no cometerá el mismo error de “pegarle al avispero”.

Las indignantes imágenes de militares agredidos e incluso vejados por tener la orden, vigente hasta hace poco, de ni siquiera defenderse, parecen confirmar la intención de eludir la confrontación directa.

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, afirmó hace poco que estaban en pláticas con grupos “cansados de matarse unos a otros” y aunque después aclaró que se refería a autodefensas, el propio López Obrador desautorizó dichos acercamientos.

Todo es confuso y más cuando el mandatario apela a las mamacitas y a decir “fuchi” y “guácala” a los delincuentes para que “se porten bien”.

Si el Ejecutivo no quiere “apagar el fuego con el fuego” y prefiere apostar a la persuasión y favorecer un acuerdo entre criminales para que no se estorben, se dejen de matar y no afecten a la población, como se dice ocurría en tiempos del priato –en caso de que ése sea el propósito y no dejar en indefensión a la población– ¿por qué, lejos de disminuir la presencia de militares en las calles, la aumenta e institucionaliza?

En momentos en que la pluralidad y el periodismo libre son descalificados desde el poder concentrado que no admite contrapesos, se le da un inusitado protagonismo a los cuerpos castrenses: construyen aeropuertos y carreteras, manejan pipas de gasolina y hasta les encargan desarrollos inmobiliarios.

¿No será que en la construcción del “nuevo régimen”, que se procura con amplia hegemonía de un solo partido, se quiere tener cerca y presentes a las Fuerzas Armadas?

Si es así, no estamos frente a una estrategia de seguridad, sino ante una decisión política que poco tiene que ver con la democracia recién vitoreada en el Zócalo.

Es la Presidencia Imperial regresando por sus fueros.