A confesión de parte

El Evangelio al rescate. Para justificar la permanencia de la ministra Yasmín Esquivel en la SCJN, no obstante haberse acreditado el plagio en su tesis de licenciatura, el Presidente cita la voz del mesías: “Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Ya no extraña que el declarado juarista se olvide por enésima vez del Estado laico, recurriendo a elementos religiosos para apuntalar sus posiciones, pero ahora es muy grave el sentido del mensaje.

El bíblico argumento, absurdamente extrapolado al servicio público, lo permite todo. Curioso que, quien llegó prometiendo terminar con la corrupción, minimice el fraude académico y abogue para que no tenga consecuencias. De la propuesta de moralizar la vida pública del país pasó al consuelo cínico que justifica las faltas de los propios, afirmando que los demás también tienen las suyas; similar al de “es verdad, pero los otros son peores”.

La conminación presidencial es ser tolerantes con la trampa académica de una integrante de la SCJN. Ella es una de las once personas que resuelven y tienen la última palabra en las controversias más importantes. Su obligación es hacer cumplir la Constitución, interpretarla y que sean respetados los derechos ahí establecidos. El anhelo de justicia de los mexicanos debe anidar en el órgano colegiado que integra. ¿Cómo tener confianza en las resoluciones de quien engañó a su universidad y defrauda a la sociedad con una cédula que obtuvo sin merecerla?

La permanencia de Esquivel en el Máximo Tribunal no sólo daña a éste y mancha sus resoluciones, es un factor de degradación institucional, política y social. La impunidad es altamente perniciosa y corrosiva, más aún tratándose de quien debe velar por la aplicación de la ley. Que el titular del Ejecutivo consecuente la deshonestidad de la ministra resquebraja la legitimidad del régimen y socava el Estado de derecho, pues significa complicidad en la cúspide del poder para salirse con la suya, así violen leyes, mientan y se corrompan. Se dan licencia para hacer lo que los demás tienen prohibido, pero los privilegios resultan ofensivos para los ciudadanos, quienes no olvidan los compromisos de campaña para erradicarlos.

El Comité de Integridad Académica y Científica  de la FES Aragón determinó, tras analizar ambas tesis y los elementos de descargo que proporcionó Esquivel, que la todavía ministra es quien plagió. La UNAM convalidó el dictamen y, arguyendo vacíos jurídicos, envió el expediente a la SEP. Éste se lo regresó porque el presidente López Obrador plantea que la única forma de quitar un título es mediante juicio penal, en el cual, por cierto, habría evidente conflicto de interés si la presunta responsable insiste en aferrarse a su silla en la Corte.

El rector Enrique Graue optó por la prudencia y mandó explorar alternativas dentro del marco de la legislación, apegadas al debido proceso y en ejercicio de la autonomía para determinar cómo proceder.  Lo hace a sabiendas de que el mandatario busca incidir de manera decisiva en el nombramiento de su sucesor, a fines de este año. Por eso hace bien en cerciorarse del suelo en el que pisa para no cometer un error que aproveche el hombre más poderoso del país. No son gratuitos los ataques que recibe de éste.

Frente a ello se entiende la molestia de quienes, por elemental sentido de justicia, quieren que se invalide de inmediato el grado obtenido de manera fraudulenta. Pero sea cual sea la vía que defina la UNAM, será un proceso largo, porque está cantado el amparo si se lo quita la institución y es difícil pensar que el juez no conceda la suspensión a alguien con tanta influencia en el Poder Judicial.

Más preocupante que el fraude de juventud para obtener su título es lo que hizo para tratar de ser absuelta, usando el poder de su cargo. Inculpar a la víctima con un testimonio notarial que llegó casualmente al correo de la maestra que dirigió al menos cuatro tesis casi idénticas, mismo que fue negado por el declarante, así como la extraña exoneración por parte de la Fiscalía de la CDMX, sin tener competencia y cuyas conclusiones fueron luego desconocidas, ensuciaron el caso. Por salud de la República y decencia pública, Yasmín Esquivel debe renunciar.