Hace más de tres años escribí en este mismo espacio sobre el caso de María Elena Ríos Ortiz. Entonces, la Ley Malena apenas comenzaba a abrirse camino y ella seguía librando una batalla que parecía interminable para conseguir justicia.
Recuerdo una frase de aquella conversación que sostuvimos. Le pregunté si alguna vez había pensado en irse de México y comenzar de cero en otro lugar. Me respondió que no quería vivir huyendo y que sentía la responsabilidad de ayudar a otras mujeres que veían en ella “una lucecita para abrir brecha”.
Tres años después, esa brecha se convirtió en una legislación que ya alcanza a buena parte del país. Pero Malena sigue esperando justicia.
El pasado 8 de septiembre, un día antes de cumplirse siete años del ataque con ácido sulfúrico que estuvo a punto de quitarle la vida, Chihuahua se convirtió en la entidad número 23 en incorporar a su legislación disposiciones para sancionar específicamente las agresiones cometidas con ácidos y sustancias químicas o corrosivas.
La llamada Ley Malena alcanza así alrededor de 72% de las entidades del país.
No es un logro menor. Cuando escribí sobre ella en febrero de 2023, la iniciativa comenzaba a discutirse y advertíamos sobre la necesidad de reconocer una violencia que hasta ese momento era tratada simplemente como lesiones.
Hoy esa violencia tiene nombre. Y lo tiene, en buena medida, porque una mujer que sobrevivió a ella decidió convertir su tragedia personal en una causa colectiva.
Ahí está la enorme paradoja de esta historia: Malena ha conseguido transformar las leyes de México, pero el sistema de justicia todavía no consigue resolver su propio caso.
Han pasado siete años o como ella misma los cuenta, 2 mil 555 días.
En ese tiempo se ha sometido a 10 cirugías reconstructivas y decenas de tratamientos médicos. Su expediente ha transitado, según su propio recuento, por 11 jueces, dos gobernadores, tres fiscales generales y dos presidentes de la República.
Juan Antonio Vera Hernández, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del ataque, continúa prófugo. La Fiscalía de Oaxaca mantiene una recompensa de un millón de pesos por información que permita localizarlo.
Juan Antonio Vera Carrizal, también señalado como presunto autor intelectual, continúa enfrentando un proceso que, entre recursos judiciales, controversias y problemas de salud alegados por su defensa, no ha llegado a una sentencia definitiva. En mayo pasado, además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó atraer diversos amparos relacionados con el caso.
Por eso resulta inevitable volver a una pregunta que planteé en 2023: ¿qué tanto respaldo verdadero puede ofrecer las instituciones cuando la solidaridad pública no termina convirtiéndose en justicia?
El problema, además, rebasa el caso de Malena. De acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, entre enero y octubre de 2025 se identificaron en México 393 víctimas de amenazas o agresiones consumadas con ácido o sustancias corrosivas. De las personas agresoras registradas, 115 eran cónyuges o parejas y 108 exparejas.
Aprobar una ley es fundamental. Reconocer jurídicamente una forma de violencia que permaneció prácticamente invisible también lo es. Pero el verdadero alcance de una reforma no puede medirse únicamente por el número de congresos que la aprueban, sino por su capacidad para evitar que una víctima tenga que esperar años para obtener justicia.
En aquella conversación de 2023, Malena me habló de algo que, inevitablemente, vuelve cada 9 de septiembre: “Las cicatrices siempre están para recordarte todo el tiempo qué es lo que pasó. Es muy difícil. A mí me gustaría amanecer pensando en otra cosa”.
Han pasado tres años desde que escuché esas palabras y siete desde que intentaron matarla. Mientras la justicia siga pendiente, será difícil que llegue ese día.