Panamá entre dos potencias

Donald Trump nos ha demostrado que para él va en serio la aplicación de la Doctrina Monroe adaptada al siglo XXI: “América para los estadunidenses”. En apenas un mes, su política internacional ha pasado de la retórica a los hechos, con acciones directas o presiones sobre Venezuela, Canadá, Groenlandia, Cuba y, por supuesto, otros países de la región como Panamá. La consigna es clara: están conmigo o contra mí, y eso incluye sacar a chinos y rusos del continente.

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia panameña declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal en el Canal de Panamá, operados por una filial de CK Hutchison Holdings. La decisión detonó una guerra de declaraciones entre el presidente José Raúl Mulino y la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao.

“La decisión de la Corte es única, es definitiva, es final y toca acatarla”, afirmó Mulino, al tiempo que rechazó que su gobierno haya hostigado o amenazado a la empresa hongkonesa durante el último año. Un periodo que, casualmente, coincide con las amenazas de Trump de “recuperar” el canal construido por Estados Unidos, porque —según él— ahora está “bajo control” de los chinos.

Con presión exterior o sin ella, el fallo judicial abre la puerta para que en adelante no se vuelva a otorgar una sola concesión para ambas terminales, con lo que se “dará tranquilidad al mercado naviero y a la comunidad portuaria”, aseguró el presidente panameño. Lo curioso es que, aunque esta concesión data de 1997, se quiera “poner orden” casi 30 años después. La medida parece, más bien, una ofrenda política para darle gusto al magnate estadunidense.

A pesar de que Panamá fortaleció su relación con China en los últimos años —al grado de romper relaciones con Taiwán en 2017—, entendió que su mayor activo estratégico está en riesgo frente a las advertencias de Trump. Y ante un apoyo internacional tímido a su soberanía sobre el Canal, la salida más inmediata fue alinearse con Estados Unidos, su principal cliente en esa vía.

Panamá, por su posición estratégica, está atrapada entre dos potencias que ambicionan el control del Canal por su valor económico y militar. Sabe que no puede escapar de la geopolítica, pero al menos, si logra gestionarla con inteligencia en la era Trump, podría salir relativamente bien librada. En el mundo actual de competencia entre grandes potencias, el desafío no es elegir bando, sino construir márgenes reales de decisión.

Bajo el tono amenazador de China —“Panamá pagará un alto precio tanto política como económicamente”—, el reto del país centroamericano es mantener una neutralidad activa que le permita moverse entre Washington y Beijing sin perder el control de su activo vital ni su rol como nodo global del comercio.

Hoy Panamá no enfrenta sólo un dilema comercial o jurídico, sino uno existencial en términos de soberanía. En esta competencia por espacios estratégicos, los países pequeños luchan por algo más básico: decidir con un mínimo de libertad.

México ha expresado un respaldo claro a la soberanía panameña frente a cualquier intento de presión externa sobre el Canal. Desde una postura histórica de respeto al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos, el gobierno mexicano ha manifestado solidaridad con Panamá y ha subrayado que el control del Canal corresponde exclusivamente al Estado panameño.

¿América Latina está condenada a que sus espacios estratégicos vuelvan a ser tratados como zonas de tutela de las grandes potencias?