A 20 años del conflicto magisterial y social que marcó a Oaxaca en 2006, el estado vuelve a vivir días de tensión política, bloqueos, desgaste institucional y una creciente disputa por la narrativa pública. Aunque el contexto nacional es distinto —con un gobierno federal emanado de la izquierda y con una relación diferente entre el poder y los movimientos sociales—, los ecos de aquel episodio siguen presentes en las calles, en la memoria colectiva y en la forma en que se administra el conflicto.
Lo que inició en mayo de 2006 como una protesta salarial de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) derivó en uno de los movimientos sociales más intensos de la historia de Oaxaca. Después de la represión brutal a los profesores en aquella manifestación, la irrupción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) convirtió una exigencia gremial en una confrontación política abierta contra el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Barricadas, ocupaciones de medios, enfrentamientos y una ciudad paralizada colocaron a Oaxaca en el centro de la atención internacional. El saldo fue profundo: muertos, presos, desaparecidos, heridas sociales y una fractura institucional cuya sombra aún permanece.
Dos décadas después, México se prepara para recibir parte del Mundial. El país busca proyectar estabilidad, modernidad y capacidad organizativa frente al mundo. Sin embargo, en varias regiones persisten conflictos sociales que recuerdan que debajo del escaparate internacional continúan pendientes viejas discusiones sobre gobernabilidad, representación y diálogo con los movimientos sociales.
La coincidencia temporal resulta inevitable: mientras el gobierno federal impulsa la narrativa de un país listo para el mayor escaparate deportivo del planeta, resurgen expresiones de presión política que remiten al pasado. Hoy, una de las principales demandas del magisterio es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, una reforma que transformó el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado y que el movimiento considera lesiva para sus derechos laborales. Paradójicamente, el conflicto actual gira alrededor de una legislación aprobada apenas un año después de la crisis de 2006, como si las secuelas políticas y sociales de aquella época nunca hubieran terminado de cerrarse.
En Oaxaca, resurgen expresiones de presión política nuevamente de la CNTE, como las que se vivieron en esta semana en Villa de Mitla y que nos remiten al pasado. Bloqueos carreteros, protestas magisteriales y disputas por el control de la agenda pública vuelven a formar parte del paisaje nacional.
A 20 años de distancia, Oaxaca sigue recordándole a México que los conflictos sociales no desaparecen; evolucionan y cambian de protagonistas. Quizá uno de los símbolos más potentes de ese cambio histórico sea la figura de Flavio Sosa. En 2006 era uno de los rostros más visibles de la APPO, identificado con la resistencia callejera y la confrontación política. Hoy forma parte del gobierno estatal como secretario de Cultura. Resulta paradójico que hace 20 años fueron los promotores de cancelar la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguetza y hoy en día la promocionan. Su tránsito de activista opositor a funcionario resume, en buena medida, la transformación política del país: muchos de quienes hace 20 años protestaban contra el sistema hoy forman parte de él.
Oaxaca, nuevamente, aparece como símbolo de esas contradicciones mexicanas: riqueza cultural y conflictividad política coexistiendo en un mismo territorio. Si algo dejó 2006 fue una lección clara: cuando el diálogo se rompe y la política se sustituye por la polarización, las crisis dejan de ser coyunturales y se convierten en heridas generacionales.
Mientras el país afina estadios, campañas turísticas y discursos de proyección internacional rumbo al Mundial, convendría no olvidar que la verdadera imagen de una nación también se construye en su capacidad para resolver sus tensiones internas sin repetir los errores del pasado.