Aquí no es mesón…

Aquí no es mesón, sigan adelante, no les puedo abrir, no vaya a ser un tunante…

                Cantos para pedir posada.

Vamos partiendo de lo indiscutible. Todo país tiene el soberano derecho de dejar entrar a su territorio a quien considere merecedor de hacerlo, y de negar su ingreso a quien considere no grato a su ley, cultura, economía o realidad. Cualquier país, incluyendo México, que pocas veces lo hace.

Ese principio se traduce en las leyes migratorias que en la nueva realidad del siglo XXI se han puesto de moda por la enorme ola migratoria que ha llegado a Europa, a consecuencia de las crisis bélicas, políticas y económicas del África del Norte y de más abajo.

De manera particular, en los últimos meses, el fuego de esta moda nos ha llegado a los aparejos mexicanos.

La nueva administración de Estados Unidos ha convertido a la política migratoria en una de sus armas más agresivas. Hasta el momento, los objetivos de esa agresividad son los musulmanes y los latinoamericanos, especialmente los que vienen de México o Centroamérica.

En estas semanas, el cierre fronterizo a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, con visa o sin visa, con residencia permanente o no, se convirtió en una restricción de la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de seis de esos países —se exceptuó a Irak— y el respeto a las residencias permanentes ya emitidas y las visas vigentes.

Sin embargo, para el caso de los centroamericanos y los mexicanos se está preparando una medida mucho más dramática. Persona que ingrese a Estados Unidos, acompañada de menores, sin papeles, y sea detenida, sería sometida a juicio de deportación y separada del o los menores que le acompañen.

Los niños serían entregados a instituciones del gobierno o a tutores escogidos por él. No queda muy claro, de las palabras del general en retiro John Kelly, secretario de Seguridad Nacional, qué pasaría con los niños una vez que sus padres pierdan el juicio de deportación.

No es comparable, pero situaciones parecidas de separación familiar se dieron al final de la Guerra Civil de España y durante la Guerra Sucia de Argentina. Muchos niños y niñas fueron quitados a sus padres indeseables para el régimen y entregados en adopción a familias yermas. Apenas hoy nos estamos enterando.

Sí, es verdad, los Estados tienen la prerrogativa de fijar sus políticas migratorias; este esbozo de medidas drásticas, sin embargo, se perfila en contra de los derechos humanos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El asunto es si la administración Trump estaría dispuesta a recibir y aceptar los reclamos de una entidad internacional, cuando su lema es America first.

PILÓN.- En la ciudad capital, por lo menos cuatro automovilistas que tuvieron el tino de tramitar un amparo se han librado de las fotomultas que les fueron impuestas por supuestos excesos de velocidad. El juez Octavo de Distrito en la Ciudad de México ha decidido que esas multas son inconstitucionales. Los quejosos arguyen la ineficacia técnica de las cámaras con sensores de velocidad que detectan los excesos, toman la foto y emiten la multa, que aparentemente debe ser pagada de inmediato.

El juez que vio la causa dice que a los castigados se les niega el derecho de audiencia.

En lo jurídico es que cualquier infracción o delito debe permitirte expresar tu versión de lo sucedido, cosa que las fotomultas no permiten.

Todos los mexicanos sabemos cómo se traduce en nuestro país el derecho de audiencia: es la negociación con el agente del orden para alcanzar algún arreglo de carácter económico. La economía es lo que está en el fondo de este asunto, que el gobierno capitalino defiende. Lo que se nos olvida es que las fotomultas son un negocio concesionado a una empresa privada y que, de los ingresos millonarios que genera, solamente una fracción llega a las arcas del gobierno.