Reformar no es destruir

Parecía que había amanecido una nueva aurora,

no sólo desterrada la tiranía que nos había tenido

sojuzgados, sino también el miedo de volver a ella: y

dio a la República una gran prenda de que quería la

libertad de la ciudad, con haber desterrado del todo el

nombre de dictador, que muchas veces había sido justo,

por la reciente memoria de la dictadura perpetua.

                                                               Cicerón

La veintena de proyectos de reforma al Constitución recientemente enviadas a la Congreso por el Ejecutivo son, sin lugar a dudas, una afrenta a las instituciones de la nación, más que reformar se trata de destruir dichas instituciones que constituyen el sano equilibrio democrático del país.

Resulta que la pretendida reforma es la suma de obsesiones de un gobierno que no admite contrapesos y le apuesta a la autocracia. Toda reforma constitucional requiere del cumplimiento de lo que la propia Carta Magna establece para tal efecto (artículo 135 constitucional).

Destaca el ataque, la transformación, la destrucción del equilibrio de Poderes que exige todo Estado, toda República democrática, en contra del Poder Judicial de la federación. El Constituyente de 1917 dejó claramente establecido su rechazo a la elección popular de jueces, magistrados y ministros del PJF, una de tantas exposiciones al respecto en el Congreso Constituyente fue la del diputado tabasqueño Rafael Martínez de Escobar, se pronunció en contra de la elección popular:

“De manera que yo no vengo a abogar aquí por la elección popular de la Corte: si tal hiciera, sería una manifestación demagógica de que haría gala, dado que los magistrados de la Suprema Corte de la unión, deben ser hombres de conocimientos profundos, de ciencia, de conocimientos técnicos; hombres que deben estar en su gabinete de estudio, que conozcan ampliamente la ciencia del derecho; hombres de cualidades que no puedan ser a propósito para ir a hacer campañas electorales, pero tampoco debemos caer en el extremo opuesto, estableciendo que el Presidente de la República tenga una intervención directa en la elección, porque semejante sistema es sumamente grave e impedirá que la Suprema Corte de Justicia cumpla con su elevada misión”.

Toda reforma constitucional es necesaria para ir adecuando a la norma suprema la cambiante realidad del país, pero no deben dichas reformas  apartarse del espíritu del constituyente y cumplir cabalmente con lo estipulado en nuestra Constitución, que es de carácter rígido, y establece un órgano y un procedimiento especial para reformar de un precepto constitucional.

Para que las reformas o adiciones procedan se requiere del voto de las dos terceras partes que el Congreso de la unión.

Y la mayoría de las legislaturas de los estados, un procedimiento difícil, que anteriormente fue sorteado por el Ejecutivo debido a la mayoría dominante del partido oficial y que en esta legislatura, no sucede.

Cabe señalar la opinión del jurista Kelsen: “Funda en la idea de libertad en el principio de mayoría, no de manera mecánica, es decir quien tenga más votos es quien tiene razón, sino en virtud de la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones y reducir (no aplastar) a las minorías que están en desacuerdo con la mayoría. Es buscar que el mayor número de personas participen en esa libertad de decisión”.

Resulta evidente que esta idea no permeó en la mayoría de legislatura anterior de corte oficialista solícita y obsecuente con el Ejecutivo.

A la fecha en esta administración se han reformado 62 artículos de la Constitución general contando con esta infame mayoría. Reformas por demás alejadas de un proceso de democratización, de una política para la participación de fuerzas políticas todas y, del derecho de las minorías a opinar, transformando (sic) al régimen representativo, de un solo partido.

La composición actual del Congreso, se espera, no dé cabida a una nueva afrenta a la norma fundamental, mientras tanto la Constitución está a salvo gracias al Poder Judicial de la federación.