Reforma política
La iniciativa es una descalificación anunciada para todo lo que constituye la estructura electoral.
Todas las cuestiones políticas, todas las cuestiones de derecho, no son en el fondo nada más que cuestiones de poder.
Augusto Bebel
La iniciativa enviada por el Presidente de la República para reformar nuevamente la Constitución, ahora como transformación radical del procedimiento electoral en su conjunto, se trata de una “crónica anunciada” en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), árbitro electoral cuya actuación no tiene reproche, empezando por la elección presidencial y subsecuentes que han llevado mayoritariamente al triunfo, de acuerdo con el voto libre a los candidatos por elección popular de Morena.
Señala el Ejecutivo que la reforma busca “desterrar los fraudes” y que las elecciones sean limpias y libres; no se entiende este encono en contra del Órgano Constitucional Autónomo (INE) que sólo ha cumplido con su mandato, de manera transparente y de acuerdo con las normas que lo rigen.
En el monólogo presidencial matutino, el Presidente se duele en repetidas ocasiones del exceso de financiamiento para el procedimiento, de la comisión de fraudes electorales (sin pruebas) y de las resoluciones del Tribunal Electoral, recientemente de la desorganización en las consultas populares (con recursos económicos insuficientes); figura de reciente aparición en el panorama de la democracia mexicana en virtud de reformas constitucionales. Vale recordar que la mayoría de las querellas han sido en contra de los seguidores de Morena en todos estos procesos.
Desde luego que esta iniciativa, además de ser una descalificación anunciada, para todo aquello que constituye la estructura electoral y sus consecuencias (que en mucho ha fortalecido la democracia) y que ha reconocido sin tapujos los triunfos de candidatos del partido en el poder, tiene sus claroscuros, en su objetivo y más oscuros que claros en su intención.
La iniciativa presentada el jueves pasado ante la Cámara de Diputados, como primer paso para el conocimiento del “constituyente permanente”, de su ya complicada y más en este momento en el que se atacan a los legisladores de oposición, con la consecuente transgresión a la Carta Magna (artículo 61, inviolabilidad por las opiniones de diputados y senadores y del recinto donde sesionen) como “traidores a la patria” por no haberse ceñido al deseo del Ejecutivo en la reforma eléctrica, situación que ha polarizado aún más el ambiente político y ha puesto en riesgo por la violencia verbal y física ejercida, la inviolabilidad de los legisladores.
La iniciativa merece un análisis a fondo, punto por punto y en la mayor libertad del ejercicio legislativo para que prospere, es momento de dejar a un lado caprichos y venganzas entre tirios y troyanos.
Sin soslayar que la calificación del INE es positiva y que su proceder se ajusta a la ley suprema y la legislación vigente, es de considerar, en una primera lectura, aspectos que merecen atención y que podríamos referenciar, con las reservas respectivas en los siguientes temas:
♦ Financiamiento a partidos políticos.
♦ El voto electrónico, particularmente para mexicanos residentes en el extranjero.
♦ Análisis serio y profundo sobre la conveniencia de diputados plurinominales.
Es tarea de un profundo trabajo legislativo la discusión y análisis de la reforma propuesta para no caer ni en simulaciones, que aparenten beneficios o que se pretenda robustecer la democracia con un esquema populista que hace creer al pueblo que las masas gobiernan o son factores de gobierno.
Para la vida política, para la influencia en los destinos de un país, el pueblo es parte del Estado que deposita la conciencia de la vida nacional en aquellos a los que ha entregado su voluntad a través del voto libre. Cualquier otra idea o teoría falsa es solamente alimento perverso para la demagogia.