Política perversa
Que antipatriotas y absurdas resultan las promesas incumplidas del gobernante de Nuevo León.
Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo
y los buenos de mofa.
Demócrito
La confabulación política que vivió el estado de Nuevo León recientemente, comenzó con una reforma constitucional de esa entidad federativa el año pasado, iniciativa del gobernador, que permitiría que sus ausencias temporales hasta por 30 días, fueran cubiertas por el secretario de Gobierno como “encargado del despacho”; aprobada esta reforma, las ausencias del gobernador se hicieron harto frecuentes.
Dichas ausencias “temporales” se sumaron a otras tantas irregularidades, tales como la omisión de publicar en el Periódico Oficial del estado una veintena de decretos y la inobservancia de presentar debidamente el proyecto de Presupuesto al Congreso estatal para el ejercicio del presente año; el incumplimiento de asignar más de dos mil 500 millones de pesos para el desarrollo de los municipios fue el inicio de continuas discrepancias con dicha Legislatura, además del encono con el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia, sin embargo con el vicefiscal Luis Enrique Orozco existía una buena relación y terso manejo político, situación que el gobernador desconoció cuando aquél fue nombrado gobernador interino por el Congreso local.
El gobernador Samuel García, en su ilusoria pretensión de aspirar a la Presidencia de la República, fue creando un enrarecido clima político que terminó en un galimatías jurídico, con su pretendida imposición (que ya era costumbre) de nombrar nuevamente al secretario de gobierno, esta vez para cubrir una licencia mayor a los 30 días, fue decisión a todas luces ilegal e improcedente.
Sobrevendría la negativa del Congreso local y su inconstitucional designación del Presidente del Tribunal Superior de Justicia para cubrir la mencionada ausencia, con la evidente ruptura de la división de Poderes republicana que nos rige.
Ante este panorama, el gobernador promovió de forma abusiva una serie de recursos, conjuntamente con su secretario de Gobierno, involucrando esta perversión política al INE, órgano autónomo constitucional que lo remitió nuevamente al Congreso estatal, al haber planteado un asunto que no era de su competencia. Incluyo a la justicia laboral federal, en ánimo de contrariar lo resuelto por el Tribunal Electoral, así como la suspensión otorgada por la SCJN. Acciones, chicanas o ardides para eludir los fallos emitidos, del todo reprobables, por quien se debe considerar perito en derecho.
La responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la democracia es vigilar que los actos de las autoridades cumplan con el orden constitucional y hacerlo valer, de tal suerte que se emitieron dos medidas cautelares y una ampliación, concluyendo que es el Congreso del estado el que tiene la facultad para realizar la designación del gobernador interino.
Este sainete, como también se les ha llamado a estas conductas del Ejecutivo neoleonés, atizaron el fuego del Ejecutivo federal que lanza cotidianamente ataques en contra del Poder Judicial de la Federación; en este caso, específicamente al ministro Laynez, quien en sus resoluciones ante una situación “inédita” e “insólita”, actuó con prudencia y con estricto apego al orden constitucional.
Que antipatriotas y absurdas resultan las promesas incumplidas del gobernante, que siendo llamado por la voluntad popular a solucionar los problemas de la entidad, se haya convertido en el mayor de ellos (el juicio político está abierto en el Congreso estatal).
El fuego atizado sobró para que el líder de Movimiento Ciudadano (bien calzado con tenis naranja) amenazara con cobrar venganza: “Van a saber lo que es meterse con Movimiento Ciudadano” con todo aquel que causó el infortunio político de su ungido, Samuel García, espetó Dante Delgado.
Sin duda la perversidad de ciertos políticos se propone a precipitarnos al rompimiento de la democracia republicana y, en consecuencia, al caos.
