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Los vaivenes de la ley

Federico Ponce Rojas

Federico Ponce Rojas

 

Las leyes draconianas, así llamadas por su severidad, se atribuyen al legislador Dracón de la antigua Grecia (VII a.C.), tuvieron una aplicación muy corta, pues las mismas tuvieron que ser “trasformadas” a instancia de un pueblo agraviado que legalmente sufría sanciones desmedidas.

La dureza de las leyes, que por primera vez se codificaban, establecían penas extremadamente severas, incluso para infracciones menores.

El enojo e irritabilidad social fue de tal magnitud, que el legislador hubo de exiliarse hasta su muerte.

Fue Solón a quien correspondió moderar dichas normas con el impulso de una reforma constitucional y la creación de leyes que no sólo atemperaran la irritación social, sino que también existieran instituciones políticas y tribunales de justicia acordes con esa “transformación”, otorgando la ciudadanía, inclusive a las clases más bajas y aboliendo la esclavitud por deudas entre otros beneficios siempre con una idea republicana.

En la actualidad vivimos en nuestro país una febril actividad legislativa del Congreso de la Unión, de ser obsecuente con el Ejecutivo, la cual no necesariamente redunda en beneficio de la sociedad, ejemplo de ello son las reformas a la Constitución general, para incluir en ella un catálogo de delitos graves o describir conceptos jurídicos, que más bien corresponden al Código Penal o a leyes secundarias.

La inexistencia de equilibrio en las fuerzas que integran el Poder Legislativo y de contrapesos ha permitido que las reformas avancen sin obstáculos y que nombramientos que requieran aprobación de este Poder, a propuesta del Ejecutivo, sean aprobados tersamente con el consecuente socavamiento de organismos e instituciones autónomas.

Ejemplos recientes como la Ley Nacional de Extinción de Dominio, impugnada con una acción de inconstitucionalidad por la CNDH, violatoria fundamentalmente del principio de inocencia y el debido proceso entre otras violaciones a los derechos básicos.

Otro tema lo es la reforma fiscal, que implica los cambios en cascada de diversas leyes y que criminaliza de manera draconiana las conductas con “apariencia” de delito, equiparándolas con delincuencia organizada, con delitos de alto impacto que siguen al alza y que burlan la ley de manera cínica y grotesca, aprovechando las restricciones en el uso de la fuerza legítima del Estado y los vacíos del sistema de justicia.

Qué decir de la iniciativa de ley de amnistía, que una vez aprobada (a decir del diputado Delgado podría suceder este mismo mes) será prácticamente inaplicable, pues su ámbito de validez corresponde al fuero federal, la mayoría de los delitos descritos en el decreto corresponden al fuero común.

Las exigencias en el caso del robo simple o el narcomenudeo son complicadas de adecuar, la realidad impone otras condiciones; imprecisiones con el uso de calificativos como “extrema”, “discriminación”, “vulnerabilidad”, etcétera, hace que esta ley contraríe lo establecido por el art. 14 constitucional, que prohíbe la simple analogía o mayoría de razón en la aplicación de las normas penales.

Existen disposiciones en el Nuevo Sistema de Justicia Penal que prevén muchas hipótesis que describe esta iniciativa y que bastaría la aplicación puntual del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, y otras afines aplicables en todo el país, para colmar los extremos del citado decreto.

La imposición y los amagos a los que sindicatos de la educación someten al Legislativo en los procesos de análisis y votación en las propuestas de dictámenes de las leyes General de Educación, Reglamentaria del artículo tercero en materia de Mejora Continua de la Educación y General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, inhiben la libertad con la que debe legislarse en conciencia, aunado al hecho que será la mayoría la que imponga su criterio.

El Poder Legislativo, organizado en un Congreso bicameral, es una soberanía que va más allá de la creación de leyes, es la representación de la nación en su conjunto y de las entidades federativas, congruente con el pacto federal. Su autonomía e independencia debe ejercerse con la mayor dignidad y merece el respeto absoluto a la misma.
 

 

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