Los entuertos del Legislativo

Todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo, va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de éste, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder.

Montesquieu

El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, que se conforma con la Cámara de Diputados, es un poder constitucional del Estado mexicano que ostenta la soberanía popular, es la representación popular encargada de crear leyes y, es además fiscalizador y controla las acciones del Ejecutivo.

Las facultades de cada Cámara en cuanto a la fiscalización y control de las acciones del Ejecutivo son diversas, estos días de revuelo legislativo han hecho presa del capricho presidencial de mantener en estado cataléptico al órgano constitucional autónomo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai), vetando los nombramientos que ha hecho la Cámara de Senadores.

Existe una resolución del Poder Judicial para que se efectúen los nombramientos de los comisionados, el Inai está incompleto, faltan actualmente tres personas, por lo que no puede sesionar por estar incompleto el pleno.

No se puede soslayar la soberbia y petulancia con la que se conduce el senador Macedonio al expresar a este respecto: “¿Cuándo se van a nombrar? ¿Saben cuándo? Cuando nosotros digamos, porque ahora nosotros somos  mayoría…”.

El senador ignora la resolución de la Corte, en la que urge la designación de los comisionados faltantes.

Lo dispuesto en la Constitución (artículo 39) en donde se establece que, “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”… ,es letra muerta con un Poder Ejecutivo omnímodo que abarca todo, sin límites ni contrapesos, imponiendo su voluntad, actuando bajo intereses oscuros sin medir las consecuencias, descalificando por acción u omisión los otros dos Poderes de la unión, incluso provocando la confrontación entre ambos, a saber: Legislativo y Judicial.

Los recintos parlamentarios han dejado su quehacer como hacedores de la ley y ejercer los controles y límites que exige la democracia republicana que establece la norma suprema para nuestro país, convirtiéndose en arenas en el que la que el insulto y la sumisión hace presa de intereses partidistas y personales, olvidando el principio “que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”.

Cuando las asonadas contra la Constitución no dan los resultados aviesos propuestos, entonces el ataque se da en proyectos de ley del ejecutivo que resultan inconstitucionales y terminan en el último reducto de la constitucionalidad: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otro tema de la mayor relevancia es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señaló: “México es responsable por violar la libertad personal y la presunción de inocencia por la aplicación del arraigo y de la prisión preventiva”.

La Convención Americana, con fundamento en su artículo 2, consideró que se trata de una medida restrictiva de la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, vulnera el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído, a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo. El Estado mexicano es responsable por no adoptar disposiciones de derecho interno a este respecto.

Al ser obligatorias para México, las sentencias de la CIDH y reconocer las potestades y competencia de esta jurisdicción por ser Estado firmante de la Convención Americana, el Legislativo de nuestro país juega un papel preponderante en el cumplimiento de dicha sentencia. Una primera declaración del secretario de Gobernación, la calificó como un despropósito.