La tóxica relación entre política y justicia (III)

                                  “Lo primero que debe hacer la Constitución política

                              de un pueblo es garantizar, de la manera más amplia

                                  y completa posible, la libertad humana, para evitar

                       que el gobierno, a pretexto del orden o de la paz, motivos

                                           que siempre alegan los tiranos para justificar

                            sus atentados, tenga alguna vez que limitar el derecho

                                                                 y no respetar su uso íntegro...”.

                                                              Mensaje de Venustiano Carranza

                                                                   ante el Constituyente de 1917.

Para Excélsior, hicimos un breve recorrido de las asechanzas del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial de la federación, algunas como la renuncia de dos ministros, ambas por distintos motivos; la primera por presiones y amenazas, la segunda por una mera codicia política, las dos sin “causa grave” acreditada y mucho menos justificada, como lo exige la Carta Magna. La intención era abrir la puerta al ejecutivo para hacer designaciones a modo, contrariando así, el espíritu del Constituyente.

La perversa intención por minar a este poder es manifiesta y, hoy se materializa burdamente en el proyecto de reforma judicial presentado por el Presidente y que del mismo hace apología el ministro renunciado, para dar curso a su ambición política, vista por su paso en la Suprema Corte, institución que presidió y que por su apetito por el poder, aún con el apoyo del Ejecutivo no pudo extender, por ser la ley secundaria que lo proponía, anticonstitucional.

Los principios de independencia y separación de Poderes como justo equilibrio y contención de los mismos, están presentes desde el inicio del México independiente.

En opinión del maestro Alfonso Noriega, de los tres Poderes de la Unión, no hay duda que el Judicial era el que había alcanzado el mayor prestigio y la mayor solidez en la República a mediados del siglo XIX. La Corte se había mantenido inamovible y a pesar de los muchísimos cambios del Ejecutivo pudo resistirlos y permanecer como el elemento más sólido en la estructura del Estado mexicano. El patriotismo de los ministros era reconocido y habían militado varios de ellos —como Quintana Roo— en las filas insurgentes. En gran medida también el supremo tribunal pudo lograr este prestigio gracias a la labor del que durante muchos años fue su presidente: Manuel de la Peña y Peña.

El dictamen de Manuel de la Peña y Peña puso de manifiesto su habilidad y sapiencia de jurista y su perspicacia político-constitucional, al llevar a cabo un análisis y determinación de aquellos aspectos de la ley fundamental que no podían ser materia de reforma, por su propia y específica naturaleza, es decir, una determinación, con más de un siglo de anticipación, de lo que en la doctrina contemporánea, Karl Schmidt consagró con el nombre de la ‘irreformabilidad de las decisiones políticas fundamentales’, ‘las bases cardinales de la Constitución. Fue un jurista que comprendió los conceptos modernos de supremacía constitucional, nulidad de las leyes contrarias a la norma suprema, irreformabilidad de “los principios cardinales” de la Constitución y la necesidad de un poder moderador que vigilase y anulara los actos contrarios a la Constitución.

Dimos cuenta de la inviabilidad y rechazo de la elección directa, mediante voto popular de jueces, magistrados y ministros, rechazada, fundada, razonada y motivada por los diputados del Congreso Constituyente de 1917. Esta razón de alejar al Poder Judicial y a sus miembros de la política activa se manifestó en las características que le dieron: inamovilidad y designación mediante un procedimiento que no fuera el de elección popular, quedando reafirmado, un verdadero poder de la federación al lado del Legislativo y del Ejecutivo .

En términos generales se puede afirmar que los diputados constituyentes se inclinaron a sostener que los ministros y la Suprema Corte debían mantenerse alejados de la política. Por eso no consignaron su elección, manifestándose en contra de la intervención del Ejecutivo en la designación de los funcionarios judiciales.