La fuerza de la razón

La violencia en la que está inmerso el país, resultado de la impunidad, cobra vidas de manera atroz, vulnera instituciones, mina la democracia y tiene sumida a la población en el terror que, sin embargo, rechaza aceptar este fenómeno como algo ordinario.

La sola lectura de atrocidades diarias cometidas en agravio de todos y de todo nos mantiene en estado de alerta, con miedo de ser víctima de éstas al ser parte de una sociedad permeada por la violencia.

El año pasado fue atroz, el número de homicidios dolosos fue escandaloso y a ello hay que sumar la forma en que fueron cometidos, la saña y la crueldad son el común denominador.

Este año no se augura mejor, la masacre sucedida en Uruapan de niños y jóvenes que se encontraban en un salón de videojuegos o la ejecutada en un jaripeo en Iguala, heridos y muertos, (dos de los cadáveres mutilados), destrozos en la caseta de cobro en Tlalpan por normalistas de Ayotzinapa, autobuses de pasajeros y choferes secuestrados; ayer la muerte de cinco miembros de una familia en Guanajuato, así como seis personas asesinadas en un baile en Durango.

Sólo en el mes de enero se cometieron más de 2 mil 300 asesinatos, la lista es interminable, hechos que dan cuenta del clima de terror que se ha adueñado de la paz, la tranquilidad y la seguridad de nuestro país.

En este clima de zozobra no se escapan los órganos constitucionales autónomos de la violencia política que busca socavarlos, contrapesos necesarios en una democracia republicana como la nuestra.

Su creación obedece, entre otros factores, para que sus facultades se ejerzan libremente sin influencias o presiones y de acuerdo con sus propias normas, en periodos ciertos distintos a los del Ejecutivo.

La violencia política en contra del INE, Banxico, Cofetel, Inegi, Ifetel es del dominio público.

La Fiscalía General de la República (FGR), objeto también de la violencia política, defiende su autonomía cabalmente por su titular, violencia que se extiende con limitaciones presupuestales, restringiendo sus capacidades institucionales de investigación y persecución de los delitos ante este inédito crecimiento de la incidencia delictiva; recursos necesarios para orquestar planes y acciones que logren “desarticular las organizaciones criminales” y poder cumplir su encomienda constitucional en la lucha contra el delito.

Caso muy lamentable, la reciente designación espuria de la titular de la CNDH. Esta fórmula es también violencia política.

¿ Cómo combatir las violaciones a los derechos humanos desde la ilegalidad?

Expresiones execrables de violencia física brutal y política son los embates inaceptables en contra de la UNAM que con aviesas intenciones pretenden anular su autonomía.

Planteles en paro, intentos de tomas de rectoría y otras instalaciones para aumentar el número de planteles que hoy suman 16, que con extrema violencia lesionan personas y destruyen instalaciones, bajo pretexto de legítimos reclamos, la violencia los hace ilegítimos e ilegales.

La violencia de género, el acoso sexual y la inseguridad son sin duda exigencias que deben atenderse con inmediatez y que requieren del concurso de todos, pero particularmente de las autoridades responsables de investigar y actuar en consecuencia contra estos grupúsculos, “no basta con lamparearlos (sic) o denunciar la mano negra”, se requiere una indagatoria profunda de todo lo que rodea esta violencia brutal, la autoría intelectual, financiamiento y ejecución, para proceder con la fuerza de la razón y la ley, para eliminar estos agravios a la educación y cultura que tanto ha dado a México, la máxima casa de estudios.

Sensata y conciliadora la actitud tomada en estos eventos por el rector Graue y el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, quien, en unión de respetables docentes, resistieron valientemente los agravios y la extremada violencia de embozados, que al amparo del anonimato, pretendían tomar la rectoría y la Facultad dedicada a transmitir el conocimiento del Derecho, el respeto y obediencia de las leyes que todo estado civilizado requiere.