La crisis política y jurídica de la República

La Constitución gobierna al legislador, así como al ciudadano común y, al ser suprema, no puede ser modificada por otra ley; de tal manera que cuando una ley contravenga a la Constitución, ésta puede ser anulada por los tribunales.

Ignacio Luis Vallarta

La democracia republicana está cimentada en instituciones sólidas, nacidas de la ley suprema, es el espíritu de nuestros tiempos, una exigencia de la civilización, es la satisfacción de los deseos populares.

Vivimos tiempos de crisis políticas, época de transición, bajo conductas oscuras y extorsivas de los mismos partidos a su interior y entre ellos; la adopción de una transformación (sic) destructiva de los órdenes político-jurídicos que transita entre la tiranía y el fanatismo, bajo la connivencia de una mayoría legislativa que deshonra la tradición de la tarea parlamentaria, regida por la constitucionalidad que obliga a todos y protege a la nación y que es desoída por tal mayoría para aprobar sin ningún recato los deseos del Ejecutivo.

Los despropósitos de una política (“guerra sucia”) entre partidos, candidatos y peor aún, en franca desunión y rebeldía al orden jurídico, arropadas en el insulto y la diatriba, derrochan dinero público y sucio, mientras ahogan con recursos exiguos a un órgano constitucional autónomo (INE), único, capaz de conducir el proceso electoral con la certidumbre y legalidad que exige nuestra ley suprema.

El fracaso de la reforma a la Constitución en materia electoral, planteada por el Presidente de la República, vulneraba en esencia: los derechos básicos, la participación política y su pluralismo, los principios fundamentales, la necesidad imprescindible de la separación de funciones (planteó una intromisión y control del gobierno del proceso electoral), en suma una actividad democrática equitativa.

A este fracaso le sobrevino el llamado plan B, que atraviesa un atropellado tránsito legislativo, con un tramposo retraso para su discusión, con lo cual se reducen los tiempos para su muy segura impugnación ante el Poder Judicial de la Federación.

Una ley secundaria de las que forman parte de este antidemocrático e inconstitucional plan B (más de una veintena de violaciones a la Carta Magna) ya está en manos de un juez, quien admitió la demanda de amparo esta semana que termina. Igualmente las impugnaciones por su inconstitucionalidad fueron turnadas al ministro Pérez Dayan (SCJN), incluida la Ley de Responsabilidad Administrativa.

Esta Ley General de Comunicación Social incide en la información que reciben millones de ciudadanos con derecho a votar, información viciada por la difamación y calumnia, entre otros factores, que busca denostar a los participantes del proceso. No queda “títere con cabeza” y eso afecta seriamente el criterio del votante.

El plan B en su inconstitucionalidad conlleva graves perjuicios afectando el patrimonio moral de instituciones como el INE y, desde luego de la estructura jurídica-política que rige la certeza y transparencia de este complicado proceso, que exige de la mayor preparación de cada actor en su materia, incluida la sociedad organizada, que se expresará nuevamente en la marcha del próximo 26 de este mes.

Hoy las corcholatas (favoritos de Morena) viven este canibalismo político que, ciertamente hace mella en sus personas y su propio partido, entre leyendas negras, medias verdades y mentiras completas, la antropofagia cobra prestigios y trayectorias, pero más allá de posibilidades de entrar a la contienda, de ahí la importancia del plan B para sus aviesos fines. ¿Quién mejor para darle todo el poder, al “gran elector” arrebatándole su pulcro, justo y equitativo proceder al INE?