Golpe mortal a la República

Toda iniciativa que busque robustecer la independencia

judicial debe traducirse en compromiso decidido con

la tarea cotidiana de consolidar un mejor y más eficaz

sistema de acceso a la justicia para todas las personas.

Además, debe respetar al federalismo traducido en la

posibilidad de que la toma de decisiones fundamentales se

produzca en una sede constituyente local.

Dr. Ricardo Sodi Cuellar

La apresurada aprobación de la espuria reforma judicial por una mayoría legislativa artificial, es violatoria del debido proceso legislativo, plagada de vicios, que van desde la imposibilidad para el estudio, análisis, alcances y consecuencias del dictamen que fue emitido por la LXV legislatura, votada y aprobada por la siguiente LXVI hasta la ignominia que alcanzó a la mayoría de legislaturas estatales, dando pie a la peor crisis política y jurídica del federalismo, lo que constituye, quizá, el mayor agravio al régimen constitucional en la historia del México independiente. La serie de violaciones a los derechos humanos de los gobernados, incluyendo los de los mismos legisladores de la minoría, constituye un atraco a la legalidad en una burda parodia, caracterizada por la violencia, extorsiones, traiciones y, desde luego, el trueque de votos por una peligrosa impunidad.

Conductas repulsivas de políticos que se mofan de la Constitución y de la justicia, en su fácil acomodo (chapulineo) a las circunstancias públicas más diversas y contradictorias, los aliados más infames de Morena se hallan entre los más vehementes defensores de la 4T; de la reserva saltaron a las primeras filas de una destructiva transformación, son igualmente apologistas de la demagogia diaria en el atril de las “mañaneras”, como rabiosos iconoclastas en contra de todo aquel que no se pliega a su diatriba. Su oscura y aviesa forma de hacer política les permite el perverso manejo de sinrazones, un manejo de sus opiniones que no admiten controversia y mucho menos discusión, se proclaman como oráculos cobijados, escondidos en la supuesta autoridad de sus traiciones y de la temporal impunidad (el juicio de la historia será implacable), sus efímeros privilegios obtenidos a cambio del chantaje o la extorsión de su aparente redituable asociación con el poder. No debe extrañar que tales hombres formarán un partido celoso que patrocina el ascenso de sus miembros, la protección de sus privilegios amparados en la corrupción e impunidad.

Esta, mal llamada reforma judicial, originada por el Ejecutivo, para destruir, que no transformar al Poder Judicial, traerá gravísimas consecuencias al Estado mexicano. Las vicisitudes que ha superado el Poder Judicial han sido muchas y las ha superado con la dignidad que conlleva su ejercicio.

Vale citar las palabras del Juan Nepomuceno Gómez Navarrete en 1847 (uno de los fundadores del Poder Judicial de la República, presidente del alto tribunal): “... la Corte de Justicia se ha ocupado en desempeñar los deberes propios del supremo Poder Judicial, ejerciendo las atribuciones que le ha señalado la ley fundamental, y cumpliendo religiosamente sus juramentos, sin tomar parte, directa ni indirectamente, en los cambios y revoluciones que han tenido lugar desde el memorable 1829... Esta conducta, que debe atribuirse la conservación y existencia actual de la Suprema Corte, será la que se observe en lo sucesivo... ni el interés ni el temor ni consideración alguna será capaz de impedir el desempeño exacto y enérgico de las obligaciones que nos impone la Constitución de 1824 ni el ejercicio de las nuevas, difíciles e importantísimas atribuciones con que ha honrado al Poder Judicial este soberano Congreso en el acta de reformas…”.

Esta espuria reforma abre un catálogo amplio de acciones de inconstitucionalidad que, en su caso, agotadas y resueltas las miras nacionales, permiten acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Larga vida a la independencia del Poder Judicial…