El Estado que guarda la nación

Un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable, que actúe bajo el predominio de la ley, es la base de un desarrollo sostenible, no el resultado de éste.

Kofi Annan

Nuestra ley suprema establece la obligación del Presidente de la República de presentar ante el Congreso, el día de la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias, un informe en el que manifieste el estado general de la administración pública del país, en suma, una rendición de cuentas.

No se trata de un mero acto protocolario que, entre loas y triunfalismos encubiertos en “otros datos”, se lleve a cabo en contradicción con los datos duros y veraces que corresponden a la realidad.

Es, en efecto, una obligación del Ejecutivo que debe cumplirse apegada a la verdad, es el puente entre este Poder y el Legislativo, que, en su soberana representación conozca el estado que guarda la nación y a su vez cumpla con el pueblo mexicano a quien representa por mandato popular.

Esta obligación se cumple de manera formal al presentar dicho informe por escrito y así entregado al Congreso, sin necesidad de ceremonias previas ni festividades.

El esquema ha cambiado con el paso de las administraciones y la alternancia en el poder, incluso se ha cancelado el día 1º de septiembre de cada año, como festivo y toda aquella parafernalia que acompañaba a dicho evento, costumbre iniciada por el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, retomando el camino de la formalidad y el carácter adusto que reviste este cumplimiento.

A este respecto, el artículo 69 de nuestra Constitución refiere en su parte medular:

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La ley del Congreso y sus reglamentos regulan el ejercicio de esta facultad.

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente.

Las alabanzas, loas y vítores de antaño se convirtieron en un monólogo del Presidente con un discurso en el impotente marco de Palacio Nacional, sede del Ejecutivo y no del Poder Legislativo, en donde lejos de informar, desinforma y aprovecha para exaltar insulsamente logros inexistentes.

De la mayor importancia para la vida del país es la obligación señalada en la Constitución de informar sobre la seguridad pública, más aún cuando hoy es el mayor reclamo de la población, que exige que se cumpla y no que se diga lo que se va a hacer a sabiendas de que son experimentos o intentos que no han dado resultados en los años de esta administración. 

El anuncio de integrar la Guardia Nacional, que nació como cuerpo policiaco civil, totalmente a la Sedena, es por demás contradictorio con las disposiciones constitucionales y ajeno a una buena estrategia de seguridad pública.

Muchos son los temas que agobian a esta administración y que tienen que ser informados con precisión, para su posible corrección en el poco tiempo que le resta a un fin de régimen sobrepasado por el desborde incontrolable de la sucesión presidencial.

A la inseguridad inédita que vive el pueblo de México se le agrega una serie de asignaturas pendientes: inflación, falta de crecimiento económico, el abandono de los sistemas de salud y educación, las disputas en relación con el T-MEC, principalmente, por el tema energético, los reclamos del Ejecutivo al Poder Judicial por su postura frente a la prisión preventiva oficiosa y tantas más que merecen urgente atención.