Dura lex, sed lex

La ley ha observado históricamente excepciones o violaciones a su sentido y contenido.

                                “Nada con la fuerza; todo con

                                el derecho y la razón”.

                                      Benito Juárez

Invocando continuamente a Benito Juárez, el Presidente en las mañaneras citándolo como ejemplo a seguir, nos resulta incongruente esta supuesta admiración por el prócer zapoteca, pues la inconsistencia de sus dichos con sus hechos resulta obvia e innegable.

En la evolución del derecho romano, nace el principio general vigente: Dura Lex, sed lex (la ley es dura, pero es ley), lo cual se basa en el cumplimiento estricto de la norma legal, de aplicación general y obligatoria, principio que prevalece hasta nuestros días en los Estados de derecho. La ley es ineludible y aplicable para todos.

Sin embargo la ley ha observado históricamente excepciones o violaciones a su sentido y contenido. A la creación en el derecho romano de la Ley de las XII Tablas, sobrevino de manera aparejada, el abuso e ignorancia o desobediencia de la norma, por parte de los patricios, mismos que la habían redactado y aprobado, sólo para continuar en el ejercicio de sus prerrogativas y la aplicación de estas leyes caprichosamente a terceros.

Hermann Heller en su Teoría del Estado afirma que el sentido del Estado sólo puede ser su función social, es decir, la misión que tiene que cumplir como “factor”, como unidad de acción en la conexión de actividad social.

El orden jurídico del Estado mexicano está vulnerado, debilitado y hasta extinto en varios quehaceres públicos.

Los ataques al orden jurídico vigente devienen, primordialmente, del Ejecutivo, en connivencia con buena parte del Congreso, y compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación defender de estos ataques como custodia de la constitucionalidad, observando debidamente, fundando y motivando sus resoluciones para preservar el mandato de la Carta Magna y las leyes que de ella emanan.

La diatriba, el insulto, la descalificación, etcétera, han hecho presa del púlpito presidencial en afán de violentar derechos de terceros, arrogándose para sí facultades omnímodas, al tiempo que le niega derechos a quien disiente de sus afirmaciones o a quien considera como sus adversarios (sic) violando impunemente una cadena de preceptos legales.

La actividad cuasielectoral para buscar la sucesión presidencial, es extemporánea y desbocada, impulsado por el propio Presidente, vemos un desapego a las normas que rigen ésta y, así con una reacción poco enérgica responden las autoridades de la materia, a saber INE y TEPJF, imponiendo una medida cautelar (inédita) al Ejecutivo federal, por su rebeldía y continua negativa para acatar la ley.

Las chicanerías del Jurídico de Presidencia para evitar la notificación son vergonzosas y sólo buscan con la dilación, más tiempo y espacio para una conducta continua de violaciones legales, haciendo uso y abuso de todo el poder del Estado.

En medio de este galimatías cuasielectoral, el país vive horas aciagas por violencia, la delincuencia avanza y la inseguridad no cede, actos que ya empiezan a identificarse como terrorismo, con la consecuente afectación a la seguridad nacional.

En el campo de las relaciones internacionales, se han ocasionado conflictos con varios países por una política pública hacia el exterior con ataques sin razón, en detrimento de nuestra histórica política diplomática de respeto y no intervención.

El incumplimiento de México del T-MEC ha provocado que Estados Unidos y Canada recurran al mecanismo de solución de controversias, que contempla el propio tratado; de la mayor relevancia resulta la inobservancia de la apertura energética y el trato preferencial para CFE y Pemex.

De no resolverse estas disputas en el panel de controversias respectivo, se le pueden imponer a nuestro país aranceles elevados a las diversas exportaciones; el flujo sólo a Estados Unidos es de 80 por ciento del total de las mismas, con la consecuente pérdida de empleos y la confianza para invertir.

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