Democracia a la mexicana

El exgobernador de Jalisco, Ignacio l. Vallarta, dijo alguna vez: “Sincero partidario de esa Constitución, y temiendo mucho que, fuera de ella, México no encuentre más que la anarquía, he tratado de demostrar, en más de uno de los “Votos” que publico, que muchos de aquellos defectos (los atribuidos a la Constitución) no son propios de los textos constitucionales, sino hijos de las exageradas interpretaciones que de ellos se hacen. Y si hoy, con el ánimo de desautorizarla, se culpa a la Constitución de todas las malas aplicaciones que de ella se han hecho, aún por los que no han querido más que burlarla, quien comience siquiera a hacer presente que, a su descrédito pueden contribuir hasta sus propios amigos, con dar a sus preceptos un ensanche insostenible, señala cuando menos un escollo en que pueden peligrar la paz y el porvenir de la República”.

Las reflexiones que en su tiempo expresará el jurista Vallarta, otrora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la historia jurídico-política del país, nos deja como una lección, el arduo camino que nuestra democracia ha recorrido a partir del triunfo del movimiento de independencia.

Cuando la historia se repite y la política se sobrepone al orden jurídico, vale la pena recordar el costo que ha significado para el pueblo mexicano lograr que su voluntad se cumpla para alcanzar una nación libre y constituirse como República representativa, democrática, federal compuesta de estados libres y soberanos.

La Constitución Mexicana, vanguardista, ejemplo internacional, de corte social, ha dado al país una firme estructura y organización evolucionando y adecuándose a las exigencias de la democracia, para que la división de Poderes y los controles jurídicos y contrapesos políticos, se traduzcan en gobierno. Las indebidas y sesgadas interpretaciones y malas aplicaciones que intentan burlarla, lesionan gravemente los principios democráticos que nos rigen y traicionan la voluntad popular.

Varios son los temas que ocupan las reformas propuestas por el Ejecutivo y que buscan la aprobación de las mismas a toda costa, ignorando la voluntad de una buena parte de la ciudadanía que se expresó a través del voto con propósitos distintos a los que se pretenden interpretar y aplicar en demérito del espíritu constitucional.

Se viven momentos en que se precisa una correcta valorización de nuestra historia, de aquellos sucesos que se dieron al triunfo de la independencia y que no produjeron un estado de organización y estructura estable. Un pueblo sin contornos definidos y sin unidad nacional, con más tendencias heterogéneas que de homogeneidad, un pueblo libre lleno de inquietudes y zozobras.

Con una Constitución, la de 1824, la nación se levantaba más hacia la dispersión y la desintegración que a la unidad. El caudillismo de Iturbide, Bustamante y qué decir de López de Santa Anna o la tentativa monárquica de Maximiliano, en nada contribuyeron a la democracia mexicana.

Las Leyes de Reforma de Juárez, la Constitución de 1857 y la vigente de 1917, han sido la respuesta, con el respeto y ratificación de la voluntad del pueblo mexicano de organizarse políticamente y vivir bajo el sistema de República, representativa federal, voluntad que no debe ser traicionada por decisiones antidemocráticas y lesivas al espíritu de estos antecedentes históricas, pero más grave aún del espíritu constitucional que nos rige.

La lucha por el poder, como se constata cuando concluyen los ciclos electorales en cada país, se ha trasladado en muchos casos (durante este primer cuarto del siglo XXI) al ámbito de los procesos y litigios judiciales, y con mayor amplitud al de las pugnas entre órganos constitucionales. En este espacio se enfrentan ahora, por una parte, el Poder Judicial, los órganos autónomos de control de políticas públicas y, en ciertos sucesos extremos, la Fiscalía general.

Escollos que minan la política de la justicia y la justicia de la política.