Del espíritu de las leyes
Se violarían tratados internacionales con Canadá, la Unión Europea, además de los suscritos con 11 países del Pacífico y qué decir del Acuerdo de París, que establece menores emisiones de carbón
La misión del juez es declarar la ley, no hacerla
(judicis est jusdicere, non dare).
Ser un buen juez, sólo requiere ser buena persona,
congruente en el pensar, decir y hacer.
Honestidad y ética al juzgar en lo justo
y con racionalidad.
Máxima legal
El espíritu de las leyes, obra magna, publicada en 1748, del profuso investigador, filósofo y ensayista del derecho y la política, Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. En ella describe con claridad y precisión el sistema de separación de Poderes, que considera el mejor en su especie como garantía contra el despotismo.
Según el autor francés, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no deben concentrarse en las mismas manos. Se trata de una teoría de contrapesos, donde cada poder contrarresta y equilibra a los otros, una relación entre ideas políticas e ideas sociales.
El amago del Presidente de la República a jueces que han concedido, “conforme a derecho”, suspensiones previstas por la ley de amparo a la aplicación de la reformada Ley de la Industria Eléctrica (LIE) ha provocado diversas reacciones que, por unanimidad, reprueban este desequilibrio entre poderes, con el pretendido sometimiento al Poder Judicial.
La respuesta del ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal señaló que seguirá garantizando que las y los juzgadores federales actúen con independencia, autonomía y libertad. “La independencia judicial y la división de Poderes son parte esencial de la democracia constitucional”.
La dúplica del Presidente de la República a esta réplica, no sólo de la Judicatura federal, sino también de las diversas organizaciones de abogados del país, aseveró que la reforma a la LIE se aplicará a pesar de los amparos que se han concedido en su contra, y si se declara anticonstitucional, su gobierno buscará modificar la Constitución.
Grave intentar modificar la ley suprema de la nación bajo esta premisa caprichosa (en esta administración se han efectuado ya 22 reformas) para dar cabida a un ordenamiento legal que pretende más allá de proteger a las paraestatales como CFE y Pemex. Viola derechos humanos, como el derecho al medio ambiente sano, a la salud, así como derechos económicos, sociales y culturales.
La reforma es contraria a diversos artículos constitucionales (entre otros al artículo 25, que señala que el desarrollo de la industria eléctrica debe, bajo los criterios de equidad social, productividad, sustentabilidad y de interés público, además de proteger la participación de los privados).
Por su parte, el artículo 4 de la Constitución garantiza y protege el derecho humano a un medio ambiente sano.
Existen ya criterios de la Suprema Corte con respecto a este derecho, entre otros señalo: “es mayor el interés que tiene la sociedad de preservar un medio ambiente sano que el perjuicio económico y operativo”.
La amenaza de esta reforma, en contubernio con un Poder Legislativo sumiso, un constituyente permanente de corte morenista, podría darse sin obstáculos, como las recientemente efectuadas, sin embargo, en este caso concreto, dichas reformas encontrarán destino en los paneles de controversia previstos por el T-MEC, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se violarían tratados internacionales con Canadá, la Unión Europea, además de los suscritos con 11 países del Pacífico y qué decir del Acuerdo de París, que establece menores emisiones de carbón.
Las suspensiones otorgadas por jueces “especializados” en la materia han considerado que la aplicación de la ley mencionada puede dañar la competencia y la libre concurrencia, además de provocar daños al medio ambiente, por lo que la ley permanecerá suspendida, mientras se resuelve de fondo el amparo, es de efectos generales, protegen a toda la industria del sector y no sólo a las personas morales que pidieron los amparos.
La suspensión definitiva concedida el día de ayer por el juez federal “especializado” Gómez Fierro, es un acto apegado a la ley y es de reconocer el valor y justeza de este juzgador, quien sostiene su criterio con independencia y autonomía, ignorando amenazas y presiones. ¡Enhorabuena por el Estado de derecho!