El alma de un estado es su Constitución…
Isócrates (436 a.C. -338 a.C.)
El sentido de esta frase del gran orador griego nos lleva a discernir que el mayor daño al alma del Estado mexicano es el desmembramiento constitucional, ya que las reformas promovidas por el Ejecutivo a la Ley Suprema en la anterior administración y en ésta así lo demuestran.
Para Kelsen, una Constitución sufre una deformación o pérdida de su sentido cuando sus disposiciones pierden su fuerza limitadora frente al Estado. Esto sucede a menudo cuando se interpreta de manera política o ideológica, dejando de funcionar como la norma jurídica suprema que autolimita el poder estatal. Una constitución sufre una deformación cuando deja de limitar el poder del Estado y proteger a los ciudadanos, convirtiéndose en una herramienta al servicio de los gobernantes en turno.
Las reformas constitucionales han sido de tal magnitud que, falazmente en las iniciativas respectivas, se afirma que se adaptan a los nuevos tiempos; en realidad han desmantelado y destruido la identidad del ordenamiento jurídico original.
La Constitución ha sufrido una deformación, al fracturar el pacto social y el Estado de derecho se han eliminado los frenos al poder. Baste señalar en este escenario, que la ley fundamental perdió su naturaleza garantista con la reforma constitucional al juicio de amparo, en este contexto las reformas se instrumentalizaron políticamente para beneficiar a los grupos en el poder, vulnerando los derechos de los individuos.
Las últimas dos reformas judiciales son incompatibles con el espíritu y dogmática existente de la Constitución propuesta por el Constituyente original, pues ésta persigue un objetivo que resulta antagónico. Estas reformas de manera deliberada, desmontan elementos esenciales del texto superior; entre otros, la separación de Poderes, la independencia judicial, la autonomía de órganos electorales y la desaparición de otros tantos, la mismísima elección popular de juzgadores. La deformación constitucional violenta y altera derechos fundamentales y trastoca la identidad de la Carta Magna, cambios que resultan inconsistente con el resto del texto.
Muchos de los cambios que se han dado, a través de la ignorancia del “debido proceso legislativo” como la imposición brutal e ignorante de una sobrerrepresentación del partido oficial en las Cámaras, incluso integrando el voto opositor con extorsión o amenazas aunado a la llamada vía rápida, fast track (sic), han provocado que el alma del Estado sea degradada a ley secundaria. Por ejemplo, el catálogo de delitos que se ha incluido en tales reformas vulnera los principios del Derecho Penal y desprotege al individuo, en clara antinomia con los derechos fundamentales que tutelan la propia Constitución y los tratados internacionales vigentes.
La reforma al Poder Judicial, una vez más a matacaballo y sin análisis, estudio o razonamiento y mucho menos discusión o reserva parlamentaria fue publicada el pasado 2 de junio en el Diario Oficial de la Federación. Entró en vigor al día siguiente y aparentemente posponer un año la elección judicial serviría para corregir las enormes pifias cometidas en la anterior “designación”. No sólo no corrige, sino que avasalla y deforma el texto constitucional.
El sometimiento del Ejecutivo al Judicial, exceptúa a magistrados del tribunal electoral, a quienes premia, situándolos en los tiempos perfectos para calificar (sesgadamente como es costumbre) convenientemente las futuras elecciones, permitiendo la reelección y extensión de su encomienda, posiblemente hasta 2033, incluso, 2034.
Asegurar el triunfo electoral para el partido oficial es el objetivo, la transparencia y el respeto al voto popular se verán en entredicho cuando los árbitros son designados o sometidos para impedir que el arbitraje se conduzca con las reglas de la equidad y la justicia.