Consummatum est
Un gobierno será democrático en la medida que sea controlada por el pueblo.
Se está poniendo un convenio político por encima
de una voluntad ciudadana, pero hay una distorsión
cuando la mayoría de los votos van por el partido A,
pero por un convenio de alianza la candidatura
va a ser dada al partido B.
Janine Otálora, magistrada de la Sala Superior
del TEPJF
La crisis de la democracia, producto de eventos político-jurídicos durante el presente régimen, ha destruido las estructuras institucionales de la República, poniendo en peligro a la población del Estado mexicano, bajo circunstancias complejas de incertidumbre, inseguridad y temor.
La transformación, cambio y destrucción del orden jurídico se manifiesta en el continuo quehacer de una política oscura y avasalladora, que edifica conceptos deformes para describir la relación entre gobernados y gobernantes, entre la ciudadanía y quienes gobiernan en la República representativa; con inaceptables percepciones que los representados tienen acerca de los representantes, provocando distanciamiento, desencanto, insatisfacción, alejamiento, desafección, fatiga, malestar, descontento y desconfianza de la ciudadanía respecto de las instituciones de la democracia representativa y de quienes gobiernan, concibiendo que no se gobierna para las mayorías, obligación de toda democracia.
El concepto relativo a la democracia se asocia a la idea de consenso, expresado a través del voto popular para elegir gobernantes, no así para los juzgadores que requieren un andamiaje fundado en la independencia, imparcialidad, conocimiento, meritocracia, con una formación continuada, una vehemente defensa del derecho y absoluto sentido de la justicia que se alcanza sólo con una estricta etología humana.
Un gobierno será democrático y habrá de representar esta fórmula, en la medida que sea controlada por el pueblo y no por facciones partidistas que ejerzan dominación y sometimiento en su forma, es la sociedad civil, ya sea como individuos o colectivamente los que tengan la posibilidad constante de combatir las decisiones del poder, es decir que puedan ser combatidas por la voluntad popular.
El argumento fundamental en relación con la crisis de la democracia representativa se refiere a la incapacidad de los representantes populares para transmitir las demandas de los gobernados, de la sociedad civil a los gobernantes, al poder público como mecanismo de legitimación de la autoridad, lo que resulta en la imperiosa necesidad de la participación ciudadana, escuchada y respetada, en los procesos de decisión pública como principio rector de las mismas, siempre dentro del entorno institucional con mecanismos de equilibrio. (P.E. órganos constitucionales autónomos).
Es imprescindible en las democracias actuales conservar la institución parlamentaria y los partidos políticos como piezas fundamentales del sistema constitucional, los cuales, a través del mecanismo de la elección popular, obtienen un mandato general, el Poder Legislativo es insustituible en todo sistema democrático, en él se encuentran representadas la pluralidad de voluntades, creencias e intereses de manera integral mediante el mecanismo de integración que suponen los partidos y el procedimiento electoral.
Las simulaciones, violaciones a los debidos procesos electoral y legislativo y el fraude a la ley constituyen actos que destruyen las democracias y defraudan la voluntad popular, sometiendo a las minorías a regímenes autocráticos que hacen nugatorias las legítimas aspiraciones para alcanzar el bien común.
La ignominia de los poderes Ejecutivo y Legislativo en su oprobioso afán de destruir al Poder Judicial de la Federación conlleva, además de la crisis de la democracia representativa y sus expresiones, en términos de la desconfianza, desencanto e insatisfacción ciudadana, el surgimiento de movimientos antidemocráticos, liderazgos perversos y populistas, que se imponen con la razón del poder haciendo nulos los procesos de comunicación y legitimación para la sociedad y hacia las instituciones del Estado.