Comisión Permanente del Congreso de la Unión

En la teoría de la separación de los poderes del Estado, la distribución jurídica de las funciones

ejecutiva, legislativa y judicial sólo podrá limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los

derechos de los ciudadanos, si se combina con otro principio basado en su distribución social.

Montesquieu.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, es un órgano que funciona durante los recesos de las cámaras de Senadores y Diputados, del 15 de diciembre al 31 de enero y del 1 de mayo al 31 de agosto de cada año. Celebra sus sesiones correspondientes al primer receso de cada año de la legislatura en el recinto de la Cámara de Diputados, y en el segundo receso, en el Senado.

La Comisión Permanente está compuesta por 37 legisladores, de los cuales 19 son diputados y diputadas y 18 senadores y senadoras. Sus integrantes deben ser designados durante la última sesión de cada periodo ordinario, mediante voto secreto que emitan los legisladores de las respectivas cámaras. Por cada titular se elegirá un suplente. Desempeña funciones políticas, jurídicas, administrativas y de control, y no cuenta con facultades legislativas, por lo que no dictamina sobre iniciativas de ley o decreto.

Entre sus funciones están:

Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional.

Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República.

Conceder licencia hasta por 70 días naturales al Presidente de la República.

Recibir iniciativas de ley, observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las cámaras para turnarlas a las comisiones de la cámara a la que vayan dirigidas.

Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales.

Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que les sean presentadas por los legisladores.

En el actual periodo es digna de mencionarse la proposición enviada por la senadora María Guadalupe Saldaña, secretaria de la Mesa Directiva, a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la propia comisión, en la que de manera resumida se refiere a un punto de acuerdo:

Exhortar al Presidente para que éste instruya al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y otras autoridades del ramo para que se resuelva la problemática aérea y aeroportuaria que sufre el AICM, las dificultades y molestias que enfrentan las personas y se respeten los derechos humanos a la salud, el medio ambiente sano y seguridad de la población en general, derivado del funcionamiento de los servicios inherentes y de tránsito aéreo en la Zona Metropolitana del Valle de México y agrega:

Un exhorto directo a la SICT, a las agencias Federal de Aviación y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano para que solucionen con prontitud: la recuperación de la categoría 1 de seguridad aérea, la seguridad en los vuelos, con todo lo que implica, en el AICM y demás aeropuertos internacionales del país, las afectaciones a la salud, medio ambiente sano y vivienda digna de más de dos millones de habitantes de la zona sur-surponiente de la ZMVM, observando los tratados internacionales suscritos por México y la legislación aplicable.

Es urgente darle curso a esta propuesta, como lo es proponer otras para las asignaturas pendientes en materia de seguridad pública, violencia, inflación (8%), salud (quinta ola covid), derroche en megaobras y otras tantas que hacen sana la intervención del Poder Legislativo.