Autocracia 4T

Una nueva amenaza se ciñe sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), que podríamos considerarla como amenaza cumplida, y que aboca al desastre democrático de la República.

Se trata del reciente anuncio del Presidente en su mañanera de enviar al Congreso, concretamente a la Cámara de Diputados, una iniciativa de reforma constitucional para, de plano, eliminar al árbitro electoral, el mismísimo órgano constitucional autónomo que convalidó de manera prístina y sin tapujos la elección que llevó finalmente, después de años de campaña a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador, y a la mayoría de candidatos al Congreso de Morena, a ocupar sendas curules.

No hubo reclamo entonces, todo era miel sobre hojuelas, las reformas transitaban sin obstáculos en el Congreso obsecuente al servicio del Ejecutivo, obviamente terminaron en la Suprema Corte de Justicia (SCJN) sentencias, muchas de ellas, que aún están pendientes de dictarse.

El poder acumulado por el Ejecutivo en estos más de tres años, casi sin contrapesos (salvo, eventualmente, la SCJN), lo ha hecho un gobierno de ocurrencias y daños económicos irremediables, en los que las prioridades de una sana gobernanza han quedado rezagadas, dando espacio a “puntadas” o “caprichos” que en nada buscan el bien común: fin último del Estado.

En el caso de la reforma eléctrica se propone el cambio de al menos tres artículos constitucionales, que en suma buscan darle preferencia a CFE, para generar electricidad, ignorando el costo de emisiones contaminantes, anulando la participación de la iniciativa privada, aun cuando ofrezcan energía limpia y más barata.

Grave es la pretendida eliminación de los órganos autónomos reguladores, cuya función primordial es propugnar la generación de energías menos costosas y contaminantes.

La iniciativa ignora de manera clara los compromisos internacionales que obligan a nuestra nación en los tratados internacionales, ratificados por el Senado de la República y que constituyen con nuestra Constitución: ley suprema.

Baste referir el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, los acuerdos firmados con la Unión Europea y otros bilaterales de inversión.

Su aprobación como fue enviada, además de conflictos de derecho internacional, provocaría un daño mayúsculo a nuestra economía.

Los embates en contra del INE forman parte de un ejercicio permanente por parte del Ejecutivo para su desaparición, con una obviedad que raya en el cinismo de someterlo a la práctica irresponsable y antidemocrática de una supuesta “revocación” (el sentido constitucional no concibe la “ratificación”) que vulnera de manera flagrante y retroactiva, la expresión ciudadana del voto popular, que eligió un presidente para seis años.

La defensa legítima y legal que ha sostenido el INE y el TEPJF, derivada de los actos arbitrarios del Ejecutivo en esta materia, no ha sido suficiente para detener la maquinaria autocrática de la 4T, en efecto es más que evidente el enojo y la violencia moral con la que el Presidente anuncia la desaparición del árbitro y del juzgador electoral, expresión pura de la autocracia, cuya característica primordial es gobernar sin contrapesos o limitación alguna, promulgar y modificar leyes a su voluntad, concentrando el poder en una sola persona.

La actual configuración del constituyente permanente le otorga una oportunidad histórica de análisis y decisión sobre la iniciativa de reforma eléctrica en discusión y la iniciativa en ciernes, de destrucción del árbitro y juzgador electoral.

Una respuesta patriótica y acorde con los Sentimientos de la Nación vertidos en nuestra Carta Magna, es el reto.