Aumenta la crisis en la República

Y ¿es posible que vuestra merced no sabe que las comparaciones que se hacen de ingenio a ingenio, de valor a valor, de hermosura a hermosura y de linaje a linaje son siempre odiosas y mal recibidas?

                El ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes

A la destrucción sistemática de las instituciones democráticas de la República por parte del Ejecutivo, ahora se suma el veto que, recientemente hiciera a dos consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales (Inai), órgano constitucional autónomo que adolece de estos nombramientos como integrantes del pleno desde abril del año pasado, los nombramientos hechos por el Senado fueron en cumplimiento de sentencias del juicio de amparo.

La decisión del Presidente ha motivado ahora que la Cámara alta realice un nuevo proceso de selección y que el propio instituto presente una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otra parte, el Ejecutivo no ceja en su empeño de vulnerar al INE, órgano que ha dado en su arbitraje la certidumbre necesaria, la seguridad a la ciudadanía que la soberanía que ejerce a través del voto es respetada. Conductas que, en claro contubernio con alianzas reprobables de un Ejecutivo que avasalla al Legislativo, vulneran la Constitución, y aunadas a la trampa, al chanchullo de aspirantes que, sin las calidades éticas exigidas, tuvieron acceso previo a su presentación de los exámenes, se trata de aspirantes a consejeros del INE, que son identificados como morenistas.

Los ganadores Bertha Alcalde, hermana de la secretaria del Trabajo y el redactor del mamotreto que pretende destruir el INE, Juan Miguel Castañeda, obtuvieron el más alto puntaje, examen que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, morenistas, con proclividad partidista inequívoca que destruye cualquier viso de imparcialidad.

Las demandas de juicio electoral contra el amañado proceso no se hicieron esperar, se pide la anulación del examen de marras y que se otorguen medidas cautelares.

Otro tema es la “crisis de la seguridad pública”, asignatura pendiente de tiempo atrás y que no ha encontrado respuesta de gobiernos ignorantes y/o cómplices del fenómeno que sufrimos todos.

Las ineficientes medidas tomadas y el patético discurso del Presidente ha provocado grandes daños, incluso la denostación de las Fuerzas Armadas  (manifestación inédita, donde exigieron a su jefe nato la reconsideración de las tareas encomendadas). “Fuego amigo” desde la Subsecretaría de Gobernación, imputaciones que corresponden a fiscalías y a los órganos jurisdiccionales, de otra suerte se viola el principio de presunción de inocencia.

La exigencia de la seguridad pública requiere programas y recursos urgentes. Desde su tribuna mañanera, el Presidente se arropa en un nacionalismo fantasioso y compara los “otros datos”ramplonamente con la inseguridad en el país vecino del norte.

La tasa de homicidios en México por cada 100 mil habitantes ronda los 281, por encima de Colombia, 25.5; Brasil, 22.5; Estados Unidos, 6.5; las cifras son escalofriantes, las más altas en este gobierno con cerca de 149 mil homicidios.

La falta de programas viables de seguridad ha permitido que la delincuencia, bajo un régimen de terror, se apodere de nuestras vidas, bienes, seguridad y nuestra dignidad y qué decir del contubernio, incluso, sometimiento, de autoridades con los delincuentes.

Tema de estos días ha sido el espionaje de Estado, a quien el Ejecutivo ha llamado pomposamente “inteligencia”, como instrumento de combate a la delincuencia. La verdadera inteligencia va más allá de las escuchas, las cuales sí son ejecutadas conforme a la Ley de Seguridad Nacional, son de gran utilidad, de otra manera son violatorias de las garantías individuales y derechos humanos. La inteligencia de Estado se basa en el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de Seguridad Nacional.

                1. Fuente OCDE.