Las rentas, un plato roto de la planeación

Martí Batres no se quiere ir del Gobierno de la Ciudad de México sin dejar su propio “legado”, aún no supera que su gestión no fue de seis años y sigue peleando contra el destino. Por ello presentó, a finales de julio, una iniciativa en materia de rentas de vivienda, y está empecinado en que se apruebe antes de que termine agosto y entre la nueva Legislatura para cacarearla en su único informe de gobierno en septiembre.

La iniciativa de Batres propone tres cosas: 1. Limitar el incremento de la renta a la inflación anual; 2. Crear un registro digital de contratos de arrendamiento; y 3. Establecer la producción pública de vivienda en arrendamiento asequible, por parte del Gobierno de la CDMX, para personas de bajos ingresos. ¿Y con estas propuestas se va a resolver el problema del encarecimiento de viviendas en la capital? Definitivamente no. El problema es mucho más de fondo, y tiene que ver con la falta de planeación a largo plazo para esta ciudad y de acciones concretas en ese sentido.

En efecto, están por cumplirse seis años de la entrada en vigor de la Constitución Política de la CDMX, que estableció un nuevo sistema de planeación, cuyo objetivo fue evitar la improvisación y las ocurrencias del gobierno en turno, para que fuera un organismo técnico —el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva— que elabora, a través de una amplia consulta a la población, la visión de la ciudad a 20 años, a través del Plan General de Desarrollo (PGD), y la visión del crecimiento urbano ordenado para los próximos 15 años, a través del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), instrumentos de planeación que luego tendrían que ser aprobados por el Congreso.

Originalmente, la Constitución de la CDMX estableció que el PGD debía entrar en vigor el 1 de enero de 2020, el PGOT el 1 de enero de 2021, y que la jefa de Gobierno electa en 2018 trabajaría con un Programa Provisional de Gobierno hasta el 31 de marzo de 2020. Pero estamos en 2024 y seguimos sin ningún instrumento de planeación, y Claudia Sheinbaum se aventó toda su administración con un “programa provisional del gobierno” que sólo tenía vigencia hasta marzo de 2020.

Y si la ciudad aún no cuenta con instrumentos de planeación es porque el Instituto de Planeación —creado por la Constitución— sigue sin funcionar, porque así lo decidieron Sheinbaum y, luego, Batres. Claudia se empeñó en dejar en ese cargo a quien había sido el director de Planeación de la Seduvi, sin entender que, justamente el instituto tenía que ser un contrapeso de la corrupción de la Seduvi. Ese funcionario duró en el cargo poco más de dos años, fue incapaz de llevar a cabo el proceso de consulta de los instrumentos de planeación y renunció. En su lugar quedó un encargado de despacho que estuvo un año, fue incapaz de llevar a cabo un segundo proceso de consulta de los instrumentos de planeación y renunció, y en su lugar quedó otro encargado de despacho que venía de hacer campaña con Clara Brugada.

Y lo peor de todo es que nada de esto cambiará en el corto plazo, porque quien debe nombrar al titular del instituto es un comité que a finales de este mes sólo contará con dos de sus cinco integrantes, por lo que ya no podrá sesionar, y su Junta de Gobierno también está incompleta, por lo que tampoco puede sesionar. La planeación de la CDMX es como un automóvil abandonado hundiéndose en el lodo, por decisión del gobierno capitalino. Son muchas las razones de la mala administración de Sheinbaum y Batres, ésta es una de ellas.

Así que la iniciativa de Batres para poner un tope al costo de la renta de vivienda no es más que un parche que no va a solucionar en lo absoluto este problema, y por el contrario, podría resultar contraproducente. En Argentina, en diciembre de 2023, Javier Milei derogó la ley de alquileres que imponía restricciones a los propietarios (como contratos con plazos mínimos y límites de precios), lo que redujo la oferta de viviendas en alquiler, pues muchos propietarios preferían mantener sus inmuebles vacíos en lugar de enfrentarse a un bajo rendimiento y alto riesgo de pérdida. Con la desregulación, la oferta de viviendas en alquiler en Buenos Aires aumentó considerablemente, y los precios reales comenzaron a disminuir.

Sin planeación que garantice una vivienda accesible a partir de la visión de una ciudad sustentable a largo plazo, y sin un real programa que proyecte inversiones bien enfocadas de vivienda para la población que más lo requiere, la iniciativa de Batres resultará inocua.