No, querido lector, a la autoridad federal mexicana no le interesa armar el rompecabezas de la justicia. Al contrario, le resulta sumamente cómodo ver las piezas dispersas, simular que busca el encaje de alguna de ellas y, cuando la presión pública arrecia, culpar al vecino del norte por meter las manos en el juego.
A dos años de aquel 25 de julio de 2024, el caso del presunto secuestro de Ismael El Mayo Zambada a manos de Joaquín Guzmán López se mantiene como un monumento a la conveniencia del olvido. Mientras la información sólida, las evidencias y las declaraciones provienen de las agencias y las Cortes de Estados Unidos, la narrativa oficial en México se ha reducido a una estrategia predecible, la de victimizarse con el discurso del nacionalismo herido y proteger los cabos sueltos locales.
La pregunta no es qué pasó en esa finca de Culiacán, porque los procesos judiciales en EU se han encargado de documentarlo, la cuestión es ¿qué se intenta sepultar detrás de la bandera de la soberanía? El expediente se sostiene sobre verdades oficiales que chocan de frente. Zambada afirmó en una carta haber sido emboscado tras acudir a una reunión bajo el engaño de mediar en una disputa política entre liderazgos locales. El Departamento de Justicia estadunidense señaló después que se trató de una entrega pactada entre particulares, sin agentes de su país en suelo sinaloense. La mecha se volvió a encender cuando el FBI exhibió la avioneta del traslado como un trofeo de captura, en una exposición oficial.
En Palacio Nacional la respuesta inmediata fue la molestia diplomática. Se habló de violación a la soberanía y de falta de respeto institucional. Sin embargo, este discurso del orgullo herido funciona como la distracción perfecta. Al centrar el debate en si los estadunidenses violaron o no los protocolos bilaterales, la autoridad mexicana evita responder lo que le compete.
¿Por qué el gobierno federal ha decidido mantener intacto el escudo sobre el entonces gobernador de Sinaloa? La línea de defensa política trazada desde la Presidencia de la República —Andrés Manuel López Obrador lo llamó su hermano— se ha mantenido inalterable. Detrás de esa protección hay cuestionamientos que la justicia mexicana simplemente decidió ignorar. No se ha investigado la actuación del exmandatario ni los presuntos vínculos de su gabinete con estructuras delictivas ni el impacto de la violencia en el proceso electoral de Sinaloa. Los reportes sobre secuestros o “levantones” de operadores políticos opuestos a Morena, las amenazas directas a candidatos y el control territorial durante los comicios locales forman parte de un expediente que en México no tiene una sola página abierta.
El misterio de la aeronave en la que viajaron los capos pone en evidencia preocupante al Estado mexicano. ¿Cómo es posible que un avión despegue de territorio nacional con uno de los criminales más buscados sin que ningún radar de la Fuerza Aérea o de la aviación civil detecte la anomalía? Este hecho deja al descubierto dos caminos posibles: o el sistema de inteligencia, seguridad y vigilancia aérea de México padece una incompetencia absoluta que raya en el ridículo o existió una cadena de complicidades al más alto nivel para permitir el libre tránsito de la aeronave. Si el gobierno no se enteró, el sistema de seguridad nacional está quebrado; si se enteró y guardó silencio, la corrupción institucional es la que opera. En ambos casos el discurso de la soberanía e desmorona por sí solo.
El homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS y rival político del gobernador, es la prueba de cómo el aparato de justicia local operó como el brazo de limpieza del crimen organizado. La fiscalía estatal fabricó un video y una versión falsa de un asalto en una gasolinería, después la FGR desmoronó el montaje al hallar sangre de los escoltas de El Mayo en la camioneta de la simulación. A pesar de esta flagrante obstrucción de la justicia y de la evidencia de fabricación de pruebas, las repercusiones penales hacia la cúpula sinaloense permanecen congeladas. Con la llegada de Ernestina Godoy a la Consejería Jurídica, la postura federal se mantiene en una pasividad burocrática que repite el guion de que la carpeta “no está archivada ni suspendida”.
El saldo de este episodio es la claudicación del Estado en la aplicación de la justicia en casa. Mientras las respuestas definitivas y las sentencias se dictarán en una corte de Brooklyn, en México nos quedamos con la retórica del nacionalismo herido para encubrir a los amigos del poder. El silencio también es una forma de complicidad. ¿Hasta cuándo se mantendrá el resguardo de la impunidad en casa?