“Si te vienen a contar cositas malas de mí…”. Cuando Consuelo Velázquez escribió la letra de Yo no fui pensaba en el cínico hombre que, a pesar de la evidencia, negaba todo. Pero jamás imaginó que su canción podría convertirse en la columna vertebral de una narrativa oficial para explicar —o evadir— descuidos, inexperiencia, omisiones, corrupción, impunidad y violencia.
Desde hace varios sexenios, los gobiernos en turno han hecho malabares retóricos para justificar sus fallas, promesas incumplidas, vacíos de poder y de justicia; pero francamente las autoridades emanadas de la Cuarta Transformación se llevan la palma de oro en la construcción de narrativas increíbles. Definitivamente le ganan a Consuelito Velázquez.
La realidad, terca como es, suele chocar de frente con el discurso de las mañanas. El problema es que, cuando el choque ocurre, la culpa nunca es de la planeación, de la falta de presupuesto o de la negligencia institucional; la culpa siempre es de un tercero, de un “perno”, de un chofer o del pasado que no termina de irse. Es la política del deslinde sistemático, donde la responsabilidad se fragmenta hasta que desaparece en el aire.
Recordemos la tragedia de la Línea 12 del Metro. Tras el colapso que arrebató 26 vidas, la narrativa oficial se aferró a los “pernos”; sin embargo, el tercer informe de la consultora noruega DNV —contratada por el propio gobierno— concluyó que hubo fallas en las inspecciones y el mantenimiento que, de haberse atendido, habrían evitado la tragedia. Pero la respuesta no fue la autocrítica, sino la descalificación. Se llamó al informe “tendencioso” y se demandó a la empresa. La verdad técnica estorbaba al guion político.
Esta misma estructura de “culpable individual” la vemos en el accidente ferroviario del Tren Interoceánico. La Fiscalía General de la República apuntó de inmediato al maquinista por “exceso de velocidad”. No obstante, al abrir el expediente, las tripas de la locomotora 3006 cuentan una historia distinta: no tenía velocímetro, el sistema contra incendios era inoperante, las cámaras carecían de software y el radio no servía. La narrativa busca castigar al eslabón más débil para no admitir que se está trabajando con material obsoleto y sin mantenimiento, priorizando el ahorro sobre la seguridad.
La construcción de estas “realidades alternativas” llega a niveles diplomáticos casi surrealistas. Tenemos el caso del envío de petróleo a Cuba; primero se niega, luego se acepta por “razones humanitarias”, pero siempre cuidando que el discurso no irrite a Donald Trump. O el caso de la captura de Ryan Wedding, donde para no reconocer que agentes estadunidenses operan en suelo mexicano —un tabú para la soberanía de discurso—, se prefiere decir que “se entregó”. Se trata de salvar la cara, aunque la lógica se rompa en el camino.
Incluso en temas de austeridad, la narrativa es elástica. Cuando se cuestionó la compra de camionetas blindadas para los nuevos ministros, la respuesta fue la clásica comparación: “los anteriores gastaban más”. Como si el exceso pasado validara la contradicción presente. Es el consuelo de los que no tienen argumentos: mirar atrás para no explicar el ahora. Pero lo más preocupante no es sólo lo que se dice, sino lo que se oculta. Hay agujeros negros en la narrativa oficial donde el silencio es la única respuesta. ¿Qué pasó con los mineros secuestrados en Sinaloa? ¿Dónde está el joven desaparecido en Mazatlán? ¿Quién responde por los ataques a diputados o la violencia desatada en Salamanca, Guanajuato?
Cuando el miedo llega a las canchas de barrio, a los espacios de recreación de las familias, la narrativa del “vamos bien” se desmorona. Ahí no hay pernos ni choferes a quienes culpar; hay una ausencia de Estado que no se puede tapar con una frase ingeniosa.
Incluso la identidad mexicana está bajo asedio por la corrupción administrativa. La aparición de actas de nacimiento apócrifas en lugares tan remotos como Filipinas, emitidas con formatos robados del Registro Civil en el Estado de México o Tehuantepec, revela una vulnerabilidad institucional que llega hasta nuestras embajadas. Es una epidemia de falsedad que pone en duda la certeza jurídica de nuestro documento más básico.
Gobernar con base en narrativas tiene un costo muy alto: la pérdida de la confianza. Cuando el ciudadano escucha que “estas cosas desgraciadamente suceden”, como lo dijo López Obrador luego del accidente del Metro, percibe una resignación cínica de quien debería garantizar seguridad.
El reto para este segundo piso de la transformación será decidir si continuará gestionando crisis con guiones de comedia o si finalmente asumirá la responsabilidad de los hechos. A este paso, la política pública parece seguir el consejo final de aquella canción de Consuelito Velázquez: “Manda a todos a volar y diles que yo no fui”.