A un año del asesinato del periodista Khashoggi

El escándalo fue grande. En Estados Unidos se condenaba el hecho por su brutalidad, su atentado tanto contra el gremio periodístico como contra la libertad de expresión en general y, por supuesto, también, por ser la víctima alguien con ciudadanía estadunidense. Sin embargo, tales condenas resultaban incómodas para el presidente Trump. El sospechoso principal de la autoría intelectual del crimen era el príncipe MBS —porque no cabía la posibilidad de que lo ocurrido en el consulado en Estambul no contara con su aprobación— mientras que, por otra parte, era evidente que las relaciones entre ambos mandatarios, al ser privilegiadas y emblemáticas de una cooperación estrecha en una diversidad de áreas, volvían casi imposible una reacción enérgica de Trump. De hecho, CNN reportó la semana pasada que la Casa Blanca decidió transferir la transcripción de la conversación telefónica entre MBS y Trump efectuada inmediatamente después de ocurrido el asesinato, a un muy reservado servidor top secret.

Lo que desde entonces ha ocurrido es que a pesar de intentos en el Congreso en Washington, encabezados por la bancada demócrata, de imponer sanciones a Arabia, sobre todo en el tema de venta de armas, ello no se ha podido implementar debido a los fuertes intereses compartidos entre Washington y Riad. Al cumplirse un año del asesinato, el congresista demócrata John Connolly, dijo en su discurso que “…tristemente, tenemos una administración en Estados Unidos que ha decidido que la relación política y militar con Arabia Saudita es más importante que el asesinato de un residente legal, de un miembro de la prensa que simplemente estaba haciendo su trabajo”. Connally pretende aun introducir una ley por la que, mientras no se aclare el homicidio y se libere a cerca de 30 periodistas encarcelados y se desmantelen las unidades de inteligencia saudita destinadas a silenciar y matar a disidentes del régimen, se prohíba la venta de armas al reino. Propuestas todas con casi nulas posibilidades de concretarse, si se ve cómo se ha diluido el tema Khashoggi y cómo las pocas sanciones o vetos, que en un principio le fueron impuestos a Arabia por actores de la escena internacional, han dejado de existir.

La muestra de que al parecer la mayor parte de la comunidad internacional ha optado por el “perdón y olvido”, respecto al caso Khashoggi, es la celebración a fin de este mes del evento Davos en el desierto, cuya edición del 2018 fue boicoteada por varios líderes mundiales debido al homicidio, pero que este año contará con la presencia de Jared Kushner, y de líderes empresariales representantes de corporaciones, como Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan y BlackRock. También para el 2020 está contemplado que Arabia Saudita asuma la presidencia del G20 y sea, por tanto, país anfitrión de su reunión anual, cuestión sobre la que, por lo visto, no se está objetando, a pesar de los exhortos en sentido contrario de diversos organismos internacionales de derechos humanos, frustrados por esta lamentable realidad de que los intereses económicos se imponen sobre valores que presuntamente han sido la base de las democracias liberales modernas.

El miércoles que se cumplió el aniversario del asesinato de Khashoggi se celebró una ceremonia en las afueras del consulado saudita en Estambul. Ahí estuvieron Jeff Bezos y Frederick J. Ryan Jr., dueño y editor, respectivamente,  de The Washington Post, quienes junto con representantes de organismos de derechos humanos develaron un memorial en honor del periodista. Estuvo presente también Asli Aydintasbas, del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales. Ella, en un editorial en el Post concluyó, haciendo alusión al caso Khashoggi que “la era de la impunidad se ha impuesto sobre nosotros”. Frase que cada vez es más cierta para el mundo, México, incluido, por supuesto.