Los costos de la corrupción
La corrupción en México es pública. Así lo perciben y viven los mexicanos. En cada interacción entre autoridad y particular parece que hay una oportunidad para transar. Permitimos la corrupción, participamos en ella. Pareciera que es una forma de vida, una manera de ...
La corrupción en México es pública. Así lo perciben y viven los mexicanos. En cada interacción entre autoridad y particular parece que hay una oportunidad para transar. Permitimos la corrupción, participamos en ella. Pareciera que es una forma de vida, una manera de interacción con la autoridad, una cultura. Pero la corrupción tiene muchos costos, uno de ellos es el subdesarrollo.
No tenemos una estimación certera de lo que nos cuesta la corrupción en el país. Pueden ser varios puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, puede ser calidad de vida y oportunidades desaprovechadas. También vidas humanas que se han perdido ante la incapacidad de la autoridad de ofrecer lo básico para su protección: desde servicios de salud accesibles y de calidad, hasta cuerpos de seguridad con las capacidades de contener el crimen. La corrupción a gran escala, como se presume ocurre en el país, tiene un impacto directo en los resultados de las políticas públicas y en nuestras vidas. Por eso, debemos desacostumbrarnos a vivir con ella.
¿Qué hacemos con la corrupción en México? La repuesta puede ser tan general como fortalecer el Estado de derecho y tan particular como introducir materias de cultura de legalidad en la currícula escolar. Desde mi perspectiva, controlar la corrupción en el país tiene que ver con desarrollo político, con el refinamiento de las instituciones que acoten y vigilen el ejercicio de poder. También con instrumentos para llamar a cuentas a quienes ejercen el poder y en quienes depositamos la autoridad. Se trata de un estadio de desarrollo democrático (muy) superior al vigente.
La relación entre desarrollo político y corrupción la podemos ver en otras partes del mundo: ahí donde las instituciones son débiles, la corrupción es endémica y los estados depredan. Lo contrario ocurre cuando los contrapesos políticos y la rendición de cuentas están bien asentados y a causa de lo anterior, el Estado de derecho es vigente. En esos contextos la corrupción está acotada. Que son lugares con una estructura de valores en la que el respeto a la ley es predominante, lo son. Pero también es cierto que los sistemas de prevención y vigilancia actúan con contundencia manteniendo a los servidores públicos a raya. Estas dos dinámicas se retroalimentan virtuosamente.
Como en muchos aspectos, México es un país con distintas caras. No somos la república bananera en la que no existen contrapesos al poder y por tanto el abuso es infinito (aunque algunas entidades del país se les parezcan), pero tampoco tenemos la democracia de calidad que necesitamos. En materia de instituciones anticorrupción y de rendición de cuentas se dieron desarrollos importantes en las pasadas administraciones, pero no alcanzaron a cuajar en sistemas funcionales que cumplieran con el cometido de controlar el abuso y llamar a cuentas. En este contexto de diferencias en ámbitos de gobierno y de construcciones incipientes es que se dará la discusión sobre la agencia anticorrupción, si es que se retoma en algún momento en el futuro y no queda como llamarada de petate que se apagó sin mayor explicación.
En lo particular, a mí no me entusiasma la Agencia Anticorrupción propuesta por el Ejecutivo. No me gusta porque la veo disociada de una reflexión más amplia de cómo daremos el siguiente paso para construir una democracia de calidad en la que se controle el poder y se le llame a rendir cuentas. Tampoco me gusta porque no percibo que exista una conceptualización, un mapa más amplio, del papel que jugará esta instancia en relación con las que existen y con las que compartirá objetivos si no es que también algunas atribuciones. Me preocupa además el que no haya un liderazgo decidido a impulsarla con convicción. Por todo lo anterior, supongo que las pretensiones de la nueva agencia quedarán reducidas a las de una reestructura administrativa, con el riesgo de que el resultado final nos deje peor que la situación anterior.
El Legislativo aplazó la discusión de esta iniciativa. Espero que los Senadores, en quienes recae la deliberación y confección primera de esta agencia, cuenten con un marco de referencia más completo para situar sus deliberaciones. Sería muy grato encontrar responsabilidad y visión en ellos para construir la solución a este mal endémico que no nos deja avanzar, pero también para dar el siguiente paso en la construcción de una mejor democracia.
La discusión debe darse con pausa, pero con el reconocimiento de que el país funciona con un órgano de fiscalización interno (la Función Pública) que está moribundo porque le quitaron sus principales funciones. Estamos en una especie de limbo, bueno para quien quiera abusar. También deben legislar con consideración al ciudadano/contribuyente. Pocas veces se piensa en él cuando se toma una decisión.
*Directora de México Evalúa
Twitter: @EdnaJaime
@MexEvalua
