Colección de gobiernos fallidos

Michoacán es un estado en vilo. Lleva en crisis muchos años. Una crisis de gobierno y una crisis criminal que revelan la debilidad de sus instituciones y de los poderes formalmente constituidos. Hoy, como hace seis años, el estado reclama acciones, por parte de la Federación, que puedan contener su deterioro. Grupos criminales, grupos disidentes, grupos de autodefensa, todos son la manifestación de ausencia de autoridad.

Guerrero es un estado en crisis. En la última semana varios funcionarios de su gobierno prefirieron abandonar el barco antes que hundirse con él. También el estado es un territorio de tolerancia a las manifestaciones violentas no sólo del crimen, sino de grupos diversos que frente a la debilidad de la autoridad se hacen crecer.

Otras muchas entidades de la República están también en crisis, si no por la violencia criminal sí por la corrupción y opacidad con que manejan sus presupuestos públicos y por la enorme disparidad que existe entre su gasto y los bienes públicos que proveen a cambio. En muchas de ellas, no existen mecanismos que sirvan de contrapeso al poder de sus ejecutivos, no existe la institucionalidad básica de vigilancia y evaluación para frenar el dispendio y procurar una rendición de cuentas aceptable.

Es así que en el país tenemos una colección de gobiernos fallidos. Gobiernos sin capacidad de atender sus crisis de seguridad, pero tampoco para proveer bienes y servicios básicos a sus poblaciones. Este es el México de hoy. El que quedó luego de la implosión del monopolio centralizado del poder y de la fragmentación que vino en consecuencia, sin soporte institucional que le diera contención. Justamente a combatir estas realidades que están destinadas a diferentes iniciativas legislativas y del propio gobierno federal.

Antes de irse, el ex presidente Calderón quiso dejar su aportación en el control de conductas desmedidas de sus pares en estos ámbitos de gobierno, con una de las iniciativas preferentes que presentó en la recta final de su mandato, las reformas a la ley de contabilidad gubernamental. El nuevo gobierno muy pronto comprendió que no podía haber resultados contundentes en el lapso de este periodo de gobierno, si no alineaba las acciones de los ejecutivos con objetivos compartidos. En español llano, si no metía a raya a los rebeldes gobiernos estatales. Distintas iniciativas de ley, que ahora se discuten, tienen un sello centralizador o, cuando menos, algunos mecanismos que buscan limitar desde el centro lo que no se puede controlar desde lo local.

Ese espíritu está presente en la reforma en materia de transparencia que convierte al IFAI en una instancia de revisión de las resoluciones de los órganos de transparencia estatales y también un órgano con capacidad de atraer asuntos locales a la jurisdicción nacional. Esa misma es la lógica que moldea el diseño del nuevo órgano anticorrupción que busca un carácter y alcance nacionales. La reciente propuesta de crear el Instituto Nacional de Elecciones viene a rematar con el mismo remedio: quitar a los gobernadores el control, en este caso, de lo electoral.

La pregunta importante para nosotros es si estos mecanismos recentralizadores son la solución a los problemas antes descritos, o sólo paliativos que dejan intactas las problemáticas profundas de nuestro diseño federal y del subdesarrollo político de las entidades que todavía mantienen estructuras caciquiles de ese viejo México que se resiste a desaparecer.

La evidencia que hemos acumulado de estos años de cambio político es que las cosas no se acomodan solas, ni la democracia se construye a sí misma. Hay que trabajarla. Y para ello se requieren mapas de ruta, acuerdos políticos y buenos liderazgos. Entendimiento sobre los equilibrios que queremos alcanzar y los instrumentos políticos para hacerlos posibles. En nuestra particular situación, estos componentes estuvieron ausentes y hoy vivimos las consecuencias de esa omisión. Por eso no la tenemos fácil.

Mi impresión es que los remedios recentralizadores no pueden sustituir las reformas de fondo que necesitamos. Identifico dos, entre otras, que resultarían críticas: una, el replanteamiento del pacto fiscal federal; dos, la reelección legislativa y de alcaldes que servirían para construir contrapesos a los ejecutivos estatales.

Al final de cuentas se tiene que dar un juego dialéctico entre ambos. Tenemos que hacer uso de algunos mecanismos para acotar a gobiernos sin freno, pero a la vez promover cambios en aquellos temas medulares que pueden renovar nuestro federalismo y hacer viables los equilibrios políticos en lo local. Si prevalece lo primero sobre lo segundo, lo local seguirá en el subdesarrollo y eso no ayuda a la democracia, a la seguridad y al desarrollo económico del país.

                *Directora de México Evalúa

                Twitter: @EdnaJaime

                @Mexevalua