El gasto debe estar en la agenda
Resulta temerario escuchar que el Estado mexicano se propone ampliar los alcances de sus programas de gasto. No tenemos soporte institucional suficiente para asegurarnos que esos recursos produzcan los resultados esperados.
Hace un par de días se celebró el último Foro Nacional de Consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. En esta última ronda se abordó el eje de México Próspero. Una de las muchas mesas temáticas a las que se convocaron en el marco de dicho evento, se centró en el tema de la efectividad del gasto. Éste es el instrumento más importante con el que cuenta el Estado para cambiar realidades y, sin embargo, su impacto es limitado como constatamos si comparamos el incremento del gasto en distintos rubros y los resultados que se obtienen a cambio. Difícil avanzar en la construcción de ese México próspero si la calidad y efectividad de ese gasto no se eleva. Por ello es crucial que coloquemos este tema en el centro de la agenda de nuestra reforma hacendaria. Si no logramos cubrir ciertos prerrequisitos para elevar el impacto del gasto, ¿para qué ponemos más dinero a disposición de un aparato gubernamental que destruye en lugar de crear valor?
Dicho lo anterior, debo reconocer que se han hecho esfuerzos importantes por mejorar la calidad del gasto público en el país. Éstos inician de manera decidida cuando en la segunda mitad de los noventa se realiza una evaluación de impacto profunda y extensa, al entonces Programa de Educación, Salud y Alimentación, Progresa, (hoy convertido en Oportunidades), dirigido a mexicanos en condición de pobreza, a los pocos años del arranque de su implementación. Nunca antes un programa público había sido evaluado con tanta profundidad, nunca antes habíamos tenido en la mano resultados tangibles de una iniciativa gubernamental.
De ahí en adelante se registraron avances importantes en esta materia: en la administración del presidente Fox se promulgó la Ley General de Desarrollo Social que dio vida al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval. Su mandato es evaluar los programas vinculados con el desarrollo social. Más tarde, se reformó a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (2006) que incorpora en sus contenidos el concepto de Gestión por Resultados del que se desprende el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño (PBR-SED). Pese a ello existen gran cantidad de programas con bajo rendimiento que año tras año son financiados sin la consideración de su impacto social. Existen muchos otros que ni siquiera han pasado por un ejercicio básico de evaluación, por lo que desconocemos si surten algún efecto o no.
En la mesa a la que hago alusión se presentaron una variedad de propuestas para elevar la efectividad del gasto. Algunas estuvieron centradas en la fiscalización y auditoría del gasto, otras en la transparencia y en la información, otras en la evaluación de programas y en la importancia de tomar decisiones de gasto con base en evidencia. Pero quizás el punto más importante fue el reconocimiento de que los esquemas, que se han construido a nivel federal, no tienen paralelos en estados o gobiernos locales, a pesar de que en estos ámbitos de gobierno cada vez recaen más responsabilidades y atribuciones de gasto.
Es cierto que la federación sigue siendo dueña de programas de implicaciones de envergadura como lo es el propio Oportunidades y de fondos con que financia políticas y programas en las áreas que son de nuestro interés, pero cada vez más los recursos se descentralizan y se ejercen desde lo local. Y en estos niveles de gobierno las consideraciones sobre la efectividad del gasto son casi inexistentes.
Si consideramos este mapa tan asimétrico de capacidades para evaluar y fiscalizar el gasto, entonces entendemos la dimensión del problema que tenemos enfrente. Por ello, resulta temerario escuchar que el Estado mexicano se propone ampliar los alcances de sus programas de gasto. No tenemos soporte institucional suficiente para asegurarnos que esos recursos produzcan los resultados esperados. No lo tenemos en la federación, mucho menos a nivel local.
Por ello es urgente comenzar a articular la discusión y la agenda sobre lo que debe ser transformado para asegurar calidad y probidad en el gasto. Ésta debe ser una agenda paralela a la fiscal y, como mencionaba, un prerrequisito a la misma. Y ya vamos tarde en su construcción. El tema es complejo, nuestro arreglo federal lo complica aún más, pero no partimos de cero. Existen buenos diagnósticos y buenas propuestas para dar sustancia a una buena discusión y a una buena agenda de cambios. Lo importante por ahora es colocarlo en el debate con la misma intensidad con que se discuten otras reformas, incluyendo la fiscal.
*Directora de México Evalúa
Twitter: @EdnaJaime
@Mexevalua
