Y entonces, ¿qué sí?

La relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se está replanteando, parece que de manera radical. A la nueva administración no le gustan los términos que adquirió la colaboración en el sexenio anterior. Se dice que nuestros vecinos entraron hasta la cocina y se entrometieron en asuntos en los que debieron mantenerse al margen. Dicha colaboración tuvo un componente visible y público, y el mecanismo fue la Iniciativa Mérida, pero también tuvo otros resguardados del escrutinio del exterior. La lógica que dio forma a esta relación, supongo, estuvo impregnada por el sentido de urgencia, que la crisis de violencia provocó en el país. Al estallar el problema, el gobierno mexicano se vio en la necesidad de pedir prestadas capacidades para hacer frente a un fenómeno que no entendía y menos abordaba con certezas y efectividad, justo porque el Estado mexicano se encontraba disminuido en sus capacidades y sorprendido por la inclemencia del fenómeno.

La nueva administración ha decidido cambiar los términos de la colaboración con el vecino del norte en materia de seguridad. De hecho, ha decidido darle un lugar distinto en el conjunto de sus prioridades, tanto domésticas como en la agenda bilateral. Finalmente, ese es el rasgo visible y verificable del cambio de estrategia: el intento por disminuir su perfil.

Una vez expresado el “qué no”del esquema de colaboración anterior, lo que sigue es definir el “qué sí” para los siguientes años. Y el prerrequisito para ese entendimiento es la definición por parte del gobierno mexicano de lo que busca alcanzar en materia de seguridad. Calderón fue explícito en su objetivo: debilitar a los grupos criminales y no tuvo consideraciones con las implicaciones de su política. Este gobierno todavía no se define con contundencia. Más allá de la expresión de algunas intenciones, no aparecen los mecanismos, los actores clave y las políticas que, de manera articulada, darán forma a una nueva estrategia. Por eso, ante la necesidad de reformular los esquemas de cooperación con Estados Unidos, en términos llanos, dicen que sacarán a los gringos de ámbitos de decisión críticos en materia de inteligencia y seguridad, y que además darán fin a la fragmentación presente en el esquema de colaboración, pero no expresan cómo quieren que los vecinos se involucren y se hagan responsables de un problema que ciertamente es mutuo. En Estados Unidos lo entienden de una manera, como lo vimos en la administración anterior, pero ¿cómo se entiende de este lado del río?

El impasse que vemos en materia de seguridad trasciende el ámbito meramente gubernamental. Actores no gubernamentales estamos también en ese paréntesis, en parte por efecto de un agotamiento moral frente a una realidad que nos avasalló, en parte también por falta de una buena prescripción que ofrecer para dar cauce a una nueva manera de abordar el problema. Como colectivos interesados en el tema, pudimos identificar los “qué no” de la estrategia anterior, pero todavía no acertamos en proponer por dónde debe avanzar la nueva estrategia.

Desde mi punto de vista, la nueva estrategia debe construirse con el concurso de distintos actores. Y el primer paso es reconocer que el tema de seguridad y la justicia es el primero de nuestra agenda, porque no puede haber prosperidad en entornos donde prevalece el miedo, ni bienestar cuando lo más preciado está en riesgo.

Por ello creo que en lugar de esconderlo, al problema de seguridad debemos abordarlo de manera franca y de manera compartida. El primer paso: que en el marco del Pacto por México se dé prioridad a los temas que componen la agenda en materia de seguridad y de justicia. Desenterrarlos y darles vigencia. De manera paralela, deben abrirse espacios de diálogo con actores no gubernamentales que tienen algo que decir en el tema.

En la administración anterior, en un momento álgido de la situación, el ex presidente Calderón convocó a la sociedad a dialogar. Esos diálogos no cambiaron la estrategia, tampoco la realidad, pero imprimieron un sentido de corresponsabilidad entre los actores gubernamentales y los de la sociedad civil en la solución de este problema. De manera incipiente se empezó a construir un andamiaje de comunicación y seguimiento que resultaba promisorio. Incluso se contempló la incorporación de una representación ciudadana en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, proceso que contó con un método para la selección de los representantes, pero que de manera inexplicable no redundó en una decisión, a pesar de existir plazos perentorios. Alguien debe explicarnos qué pasó.

Desde mi perspectiva, el camino adoptado por el gobierno mexicano en materia de seguridad no es sostenible. Mejor asumir que hay una estrategia por construir y “democratizar” su hechura, que pretender que podemos darle vuelta al capítulo casi por decreto. Debemos trascender el “qué no”, para dar paso a la definición de lo que queremos construir. Sin este mapa, no llegaremos muy lejos.

                *Directora de México Evalúa

                Twitter: @EdnaJaime

                @Mexevalua